Durante el último fin de semana, la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba llevó a cabo un operativo en una ladrillera ubicada en Juárez Celman, Córdoba, en respuesta a una denuncia por posible trata de personas con fines de explotación laboral.

El allanamiento reveló condiciones de trabajo degradantes e insalubres para siete individuos, quienes fueron asistidos por profesionales de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la provincia de Córdoba. Además, se secuestraron elementos ilegales, incluyendo plantas de marihuana y armas de fuego, con un valor total de 1.124.000 pesos. Intervino el Juzgado Federal Nro 3 de Córdoba.

El procedimiento, que se inscribe dentro de una investigación iniciada en noviembre de 2023, tenía como foco presuntos delitos de trata laboral y las autoridades confirmaron la existencia de denuncias previas contra el establecimiento, conocido por su actividad en la cosecha de ajos. Durante el allanamiento, se encontraron a 92 personas alojadas en condiciones extremadamente precarias, distribuidas en galpones y habitaciones.

La situación alertó sobre la posible presencia ilegal de menores entre los trabajadores. Las víctimas, alojadas en espacios reducidos, se veían obligadas a dormir en el suelo o en camas improvisadas con pallets, según testimonios recogidos por el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas.

La investigación preliminar reveló que casi ninguno de los individuos presentes estaba formalmente registrado y además, se identificó además la presencia de personas de nacionalidad extranjera sin la documentación migratoria correspondiente.

Como resultado, se procedió a la clausura del establecimiento y a la detención inmediata de cuatro hombres responsables de administrar la finca. Además, los funcionarios secuestraron una unidad central de procesamiento, una computadora portátil, cuatro teléfonos móviles y documentación relevante para la causa.

El operativo contó con la colaboración de diversas entidades nacionales y provinciales, incluyendo el Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otras.