En 2020, la historia de José González conmovió a todo el país. Como padre desesperado, pidió ayuda para financiar un tratamiento experimental en Estados Unidos que prometía salvar la vida de su hijo Ignacio, de 15 años, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, cuatro años después, González enfrenta un juicio en Salta acusado de estafa y administración fraudulenta por haber utilizado el dinero de la colecta solidaria en beneficio propio.

Según la investigación, el acusado habría destinado parte de los fondos recolectados para adquirir una casa en el barrio Santa Ana I y un automóvil, antes incluso del fallecimiento de Ignacio, ocurrido el 10 de junio de 2020. La denuncia fue presentada por su expareja y madre del adolescente, quien asegura que González desvió el dinero que debía utilizarse para el tratamiento.

El pedido de ayuda pública buscaba reunir 20 mil dólares para costear un tratamiento de vanguardia en el Nicklaus Children’s Hospital, en Miami. La colecta movilizó a miles de personas y recibió la atención de medios nacionales. Sin embargo, el viaje nunca se concretó: González no obtuvo la visa para ingresar a Estados Unidos debido a antecedentes penales.

Antes de la muerte de Ignacio, González adquirió la vivienda en mayo de 2020 y transfirió los derechos de la propiedad a su nueva pareja, Natalia Cuadri, quien también está imputada como partícipe necesaria. Además, compró un auto que no registró a su nombre.

El fraude quedó en evidencia cuando la madre de Ignacio denunció las irregularidades 21 días después del fallecimiento de su hijo. En su declaración, destacó que la colecta fue planteada como la última esperanza para salvar la vida de Ignacio, quien necesitaba una droga costosa llamada Blinatumomab para iniciar el tratamiento en Argentina.

En 2021, José González habló públicamente sobre las acusaciones en una entrevista con el programa Multivisión Federal. Allí negó haber cometido fraude y aseguró que utilizó parte del dinero para financiar un tratamiento inicial en Argentina, guiado por un médico desde Miami.

Sobre la compra de la casa, González afirmó que el inmueble fue registrado a nombre de otra persona por temor a conflictos con su expareja. “Compré la propiedad para que Nacho pudiera estar en un lugar seguro, pero desgraciadamente él falleció antes. Hoy mi expareja reclama parte de la propiedad y del dinero, algo que yo temía desde el principio”, aseguró.

Además de las acusaciones por estafa, González enfrenta otro proceso judicial por abuso sexual agravado, desobediencia judicial y amenazas, en causas presentadas por su expareja.

El juicio por estafa, presidido por el juez Leonardo Feans, concluirá este viernes, cuando se conocerá la sentencia. Mientras tanto, el caso sigue generando indignación en la comunidad, que alguna vez apoyó solidariamente a la familia.