Vitivinicultura: conflicto entre productores mendocinos y Alfredo Cornejo
El gobernador de Mendoza decidió dar de baja a la lucha antigranizo y la medida no cayó bien entre los productores.
Este martes, Mendoza vivió una jornada agitada por el reclamo y movilización de productores, asociaciones campesinas y agrupaciones políticas y gremiales hacia Casa de Gobierno en el corazón de la ciudad.
La molestia de estos sectores responde a la decisión de Alfredo Cornejo de eliminar el programa de lucha antigranizo. En este sentido, el reclamo buscó mantener esta política de protección contra este fenómeno meteorológico que tanto daño causa a los cultivos, a través del sistema de siembra de nubes con aviones.
Si bien los veceros fueron recibidos por el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, para asegurar que con el uso de bengalas existe una disminución significativa de daños en los cultivos, el funcionario aseguró que la medida está tomada y no hay marcha atrás.
En su lugar, el gobierno de Mendoza planea entregar a los productores un seguro agrícola vinculado a la malla antigranizo del cual se conocerán los detalles en los próximos días.
El argumento del Gobierno es que no hay una correlación entre el sembrado de nubes y el impacto de las tormentas graniceras, y aseguraron que el impacto mayor lo sufren los pequeños productores.
Seguro agrícola
El objetivo de esta medida que anunció aplicará el Gobierno de Mendoza es, que además de que cubra cerca del 70% del costo total de la siembra, buscarán que sea ajustable bajo algún índice que aún no se define, en lugar de ser fijo como en los últimos años.
“Vamos a invertir una cifra mínima de 11 mil millones de pesos para este seguro, que creemos que es lo mejor para los pequeños productores”, explicaron los funcionarios de Cornejo.
Para los productores no es suficiente ya que consideran que en muchas oportunidades, los daños persisten durante varias temporadas. Además, el seguro contemplaría sólo un porcentaje del costo de inversión para la siembra, detalló el diario El Sol.
“Cuando a los olivos, las viñas y los frutales les cae una manga de piedra grande tarda más de un año en recuperarse. Este seguro contempla sólo un año y los costos de los trabajos. No hay un margen de ganancia. Entonces la pregunta es ¿De que vivimos nosotros?“, explicó un productor al salir de la reunión con los funcionarios del Gobierno.
Código de aguas
Por si esto no fuera poco, los más de 300 manifestantes que se ubicaron en la explanada de Casa de Gobierno también se refirieron al nuevo Código de Aguas que impulsa el Gobierno de Mendoza y el Departamento General de Irrigación (DGI).
El sector agrícola de la zona, argumenta que con estas nuevas disposiciones y ordenamiento, los productores y sus cultivos serán rezagados y no tendrán la prioridad del agua para su riego.
El Anteproyecto que fue presentado el lunes 22 de julio, modificará la normativa vigente desde 1884 y definirá las acciones para la gestión hídrica de los próximos 50 años.
En lo que respecta lineamientos generales y títulos del Anteproyecto Código de Aguas Mendoza, algunos de los primeros son: unidad del ciclo hidrológico, publicidad de las aguas, planificación hidrológica, preservación de las aguas, derecho humano al agua, gestión integral y de riesgos, participación de usuarios y ciudadanos, autoridad centralizada, régimen económico-financiero y gestión por cuencas, entre otros.
Mientras que los títulos incluirán cinco ejes: seguridad jurídica; gestión integrada; seguridad hídrica; preservación y participación.
En una carta dirigida al propio Cornejo, productores unidos y autoconvocados expresaron su rechazo al nuevo Código de Aguas: “Consideramos que este nuevo código compromete gravemente el acceso al agua para la agricultura”, expresaron y explicaron que es el artículo 69 y otros “que anulan las prioridades para el uso del recurso hídrico”, informó el diario MDZ.
Desde el lado de los productores, más precisamente de parte de la la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) también se había manifestado sobre el tema. “Para abordar este asunto, la entidad, en trabajo mancomunado integrando la ‘Mesa del Agua’ y las asambleas de regantes, estudian con asesores especializados y se está analizando detenidamente las modificaciones. Además, ya se ha solicitado de manera urgente una reunión con el Superintendente para profundizar sobre este tema y fijar una posición clara”.
Cierre de programas
Por otra parte, los productores que llegaron a Casa de Gobierno exigieron “la reapertura o sustitución del IDR (Instituto de Desarrollo Rural) y el IDC (Instituto de Desarrollo de Comercio)".
Mediante un comunicado oficial, Producción anunció los cierres de ambos institutos a partir del 1 de julio. En el documento, el Ejecutivo señalaba que se ahorrará anualmente cerca de 2.000 millones de pesos. Esta partida iba destinada en un 95% al pago de los salarios de los empleados de ambos institutos.
Los programas que se desarrollaban en estos ámbitos pasarán a la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería. Desde el Ministerio de Producción se les prometió a los 30 empleados del ente que pagarán el 100% de las indemnizaciones durante el transcurso de este mes.
Desde el Ejecutivo adelantaron que se conformará una mesa de trabajo público/privada con entidades representativas del sector agrícola. Esta mesa trabajará en la ejecución y financiamiento de futuros trabajos e investigaciones de campo. Sin embargo, los empleados del IDR ven a esta iniciativa como “inviable”.
“Vemos muy difícil que el Ministerio de Producción se haga cargo de las tareas y trabajos que hacemos nosotros. Se van a dar cuenta de que no es tan fácil como lo pintan y que cerrar el organismo fue un gran error político”, consideró un empleado del IDR en comunicación con diario El Sol.