Lino Renzo Tores, acusado de agredir brutalmente a Diego Álvarez en un comercio de Rawson, aceptó una suspensión de juicio a prueba por el término de un año tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y su defensa. El incidente, que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre, dejó a Álvarez con múltiples lesiones que debieron ser atendidas en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

El hecho ocurrió en un local comercial ubicado en la intersección de avenida España y Brasil. Diego Álvarez, quien trabaja como fletero, esperaba su turno para retirar mercadería cuando el acusado se adelantó en la fila. Al reclamar al empleado del local, Álvarez salió del comercio, momento en el cual Tores lo siguió y, sin mediar palabra, lo atacó con golpes de puño y patadas en el rostro.

Personal policial se hizo presente en el lugar y, tras entrevistar al acusado, quien aún estaba alterado, procedió a su aprehensión. La agresión fue calificada como lesiones graves, contempladas en el artículo 90 del Código Penal, atribuidas a Tores en calidad de autor según el artículo 45 del mismo código.

En la audiencia realizada el 9 de diciembre, se formalizó la investigación penal preparatoria y se resolvió una suspensión de juicio a prueba bajo diversas siguientes condiciones. Entre ellas, Tores deberá pagar $800.000 como reparación simbólica a la víctima, en dos cuotas de $400.000 cada una, con vencimientos el 30 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025. Además, deberá realizar 12 horas de trabajos comunitarios no remunerados en la Municipalidad de Rawson o en otro lugar asignado, en un plazo de tres meses.

El imputado también deberá cumplir una serie de reglas de conducta, que incluyen mantener su domicilio actualizado, abstenerse de realizar actos molestos hacia la víctima y evitar el consumo de estupefacientes y el abuso de alcohol. En caso de incumplimiento, el acuerdo será revocado y el juicio penal continuará.

La resolución, homologada por el juez interviniente, busca reparar parcialmente el daño causado a Diego Álvarez, quien sufrió un ataque inesperado e injustificado. El caso vuelve a poner en debate el uso de las suspensiones de juicio a prueba en episodios de violencia que dejan secuelas graves en las víctimas, generando opiniones divididas sobre su eficacia como herramienta de justicia.