Para el abogado Marcelo Abarca Gómez en el crimen de Juan Ignacio "Nacho" Martínez (18) ocurrido a última hora del 5 de octubre pasado, hubo legítima defensa, porque la víctima había ido en moto con Braian Guajardo (liberado el 22 de febrero pasado) a tirotear la casa 16 de la manzana F del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. Y fue ahí que, "en legítima defensa" el único morador de esa vivienda (allí hallaron dos armas), su cliente Walter Agustín Barahona (18) pudo efectuar los disparos que terminaron con los días de Martínez. 

Según su teoría, no se probó que su otro cliente detenido por ese hecho y señalado como dueño de esa casa, Pedro Claudio Guiñez (34, registra condenas por drogas), estuviera allí a la hora del ataque y menos que hubiera disparado ningún arma. Es más, el defensor citó prueba recabada por Fiscalía en favor de sus argumentos: como el hecho de que contabilizaran unos 20 disparos.

Además, en las afueras de la casa atacada había un bidón con nafta, clara muestra -según su opinión- de que los atacantes buscaban causar un incendio para hacer salir a quien estaba en la casa y ultimarlo. Por eso este jueves pidió que ambos fueran liberados, tal como ocurrió con el presunto cómplice del joven asesinado, Barahona, porque no se probó que hubiera efectuado algún disparo aquella noche. 

La legítima defensa implica, legalmente, que el autor de un crimen no debe ser castigado porque actuó justificadamente, en su legítima defensa o en la de un tercero. Pero este jueves el juez del caso, Matías Parrón, consideró que en esta etapa del proceso no se discute la calificación del delito porque eso se hace recién en el juicio, luego de ventilar las pruebas del caso. Y adhirió al rechazo a liberar a ambos detenidos tal como sostuvo el fiscal coordinador. 

El doctor Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, consideran que no hay ningún hecho nuevo en la causa y existe el peligro de que se fuguen. La semana pasada habían liberado al sujeto que conducía la moto en la que iba la víctima, pero sigue vinculado al caso. Por ahora, Fiscalía sostiene que Barahona cometió un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Y que Guiñez pudo ser su cómplice, porque un taxista lo llevó hasta el lugar. 

Tras el tiroteo letal de aquella noche, luego fueron con otros tres sujetos hasta otro barrio, donde balearon una casa. Ese ataque fue el que desembocó en una suerte de ajuste de cuentas en la vivienda del barrio Teresa de Calcuta, donde mataron a Martínez. En el caso siempre se habló de un problema de drogas, pero eso no se probó. Este jueves, el defensor anticipó que apelará la decisión del juez Parrón y buscará revertirla ante un Tribunal de Impugnación.