Un joven de 19 años, oriundo del departamento de Angaco, fue visto como el culpable de una amenaza de bomba contra el Centro Cívico de San Juan. Ahora también será investigado por una falsa denuncia de secuestro en la provincia de Corrientes. El primero de los hechos ocurrió el pasado 3 de octubre, cuando el acusado realizó un llamado al 911 anunciando una supuesta bomba. Sin embargo, lo que salió a la luz durante la audiencia es que momentos antes, este mismo joven también realizó otra llamada alegando haber secuestrado a Loan, un menor desaparecido en Corrientes.

 Salem Gasque Wemer Nair, aseguró se comunicó con las autoridades asegurando que había avistado al pequeño que está buscando todo el país desde el 13 de junio pasado, circulando por el mencionado departamento.

La fiscala Daniela Pringles, de la UFI Genérica, es la encargada de llevar adelante la investigación. En diálogo con el móvil de Canal 13, expresó su asombro ante los hechos y detalló las medidas que se están tomando. “Nos permitió la apertura de la investigación, hay elementos de sobra que permiten trabajar en este sentido. Nos dio un plazo razonable, sobre todo porque están involucradas pericias tecnológicas que lamentablemente nos exceden en los tiempos que a uno le gustaría”, explicó Pringles, refiriéndose a las pruebas tecnológicas que se están analizando.

Además, se solicitó la prisión preventiva del acusado, medida que fue aceptada por el juez a cargo. “El juez entendió que se dan los presupuestos que prevé el Código Penal y resolvió resguardar la incorporación de la prueba en debida forma sin que el imputado pudiera entorpecerla”, afirmó la fiscal. Esto incluye la posibilidad de que el acusado intente alterar evidencia digital, ya que el llamado se realizó desde su teléfono personal. “El imputado en manifestaciones espontáneas dijo ‘sí, es de mi teléfono, pero yo no llamé’. Más allá de que todos escuchamos que la voz es la misma, será tarea de la investigación descartar o confirmar esa versión”, agregó.

Uno de los detalles más impactantes es que, en su primera llamada, el joven afirmó haber secuestrado a Loan y proporcionó detalles como un domicilio y un apellido, el de la familia Sombra, que efectivamente coincide con una familia real en Corrientes. Este hecho generó una movilización policial inmediata. “La policía llegó hasta el lugar entendiendo que el niño estaba secuestrado, entrevistó a los familiares y verificó que todos los menores presentes eran hijos de esa familia. Afortunadamente, se descartó el secuestro”, indicó Pringles.

A pesar de la gravedad de los hechos, la fiscal señaló que ninguno de los dos delitos imputados al joven conlleva una pena de prisión efectiva, ya que el máximo de la condena no lo permitiría. Sin embargo, el proceso judicial continúa en marcha y se investigará en profundidad para determinar todas las circunstancias que rodean estos incidentes.

Por su parte, la defensa del acusado sostuvo que el joven no comprendía la gravedad de sus acciones debido a sus facultades mentales. Este argumento fue rápidamente desestimado por el juez Javier Figueroa, quien determinó que no existen elementos suficientes para suponer inimputabilidad. “No existe ningún indicio que nos permita presumir la inimputabilidad”, concluyó la fiscala, dejando en claro que la investigación avanzará bajo las normativas correspondientes.