Desde la Fiscalía General de la Corte de Justicia, su titular, Eduardo Quattropani, elevó un pedido ante la Corte en el que solicitó una auditoría sobre la Oficina Judicial Penal, con el fin de verificar si llevó a cabo los sorteos entre jueces para la integración y la presidencia de los tribunales que intervinieron en los juicios de 2021 a 2023, y si se notificó a las partes intervinientes, como fiscales y defensores.

Este planteo del jefe de los fiscales ante la Corte, reaviva la polémica sobre el funcionamiento del sistema administrativo de aquel cuerpo.

Quattropani en el pedido realizado solicitó un sumario si no se realizó el procedimiento de sorteos que estipula la ley. En este marco, el fiscal general requirió que se determine la autoridad responsable en caso de haber concretado una modalidad distinta a la norma y bajo qué argumentos.

En la presentación, el fiscal general pidió que la investigación interna no la efectúe personal de la Secretaría Administrativa de la Corte, que lleva adelante Javier Vera, de quien depende la Oficina Judicial Penal y menciona que es con la finalidad de ‘salvaguardar la objetividad del proceso’, por lo tanto también apartar al titular del área administrativa.