El mundo judicial sanjuanino vive por estas horas un sismo interno con una denuncia que sacude a un juez de primera instancia. Se trata de Roberto Montilla, el magistrado que fue denunciado por la fiscalía, por la presunta comisión de dos delitos ocurridos en las últimas horas, lo que dio lugar a una investigación. Por este motivo, el juez podría ser destituido.

Montilla llegó al cargo de juez hace apenas un mes. A mediados de febrero fue designado como juez de primera instancia por la Cámara de Diputados y a comienzo de marzo le tomaron juramento para su puesta en función.

La realidad es que al estar involucrado en este escándalo su futuro es incierto. Empero, su camino puede estar atravesado por la destitución en caso de que avance la causa y su suelo se torne pedregoso.

Una de las garantías constitucionales con la que cuentan los jueces es con la inmunidad de arresto, pero no así con inmunidad de proceso, por lo que el Código Procesal Penal de San Juan, establece en su Artículo 50 que ‘cuando se abre una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal debe seguir adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurre a prestarla el tribunal debe solicitar su desafuero, remoción o juicio político’.

El mismo artículo referencia a que ‘en el caso de dictarse alguna medida que vulnere la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no es separado de su cargo’.

Este es un camino que puede tomar la causa de Montilla, mientras que la otra es que la defensa del magistrado intente escudarse en el pedido de inconstitucionalidad del código mencionado ut supra. En caso de conseguirlo, las autoridades judiciales del caso debieran pedir el quite de los fueros, lo que extendería el camino del proceso.

En el primero de los casos, en los que el proceso sigue su camino sin planteo de inconstitucionalidad de la defensa, y si el juez es responsable de haber cometidos los dos delitos con dolo por los que se lo comenzó a investigar, podría derivar en su destitución. Esto debiera ser con una condena, para pedir el jury de enjuiciamiento y su destitución.

Esto es lo que debe afrontar Montilla, que asumió hace un mes y ya podría estar transitando sus últimos días como juez.