El escándalo judicial sanjuanino sumó otro capítulo en la tarde de este viernes. El juez Roberto Montilla, quien está en la mira de la Justicia, denunció al fiscal Iván Grassi en la UFI Delitos Especiales.

La denuncia se da en el marco del escándalo en el que quedó involucrado directamente el magistrado de Garantías del Sistema Acusatorio Penal, quien está acusado de haber intentado favorecer a un detenido. Esta situación fue expuesta por Grassi al informar que la fiscalía a su cargo lo denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la usurpación de autoridad es lo que hay en la mira.

Por esta causa, se conoció también en la tarde de este viernes, que la fecha de la audiencia de formalización contra Montilla será el lunes 14 de abril desde las 8. Esto indica, que por este escándalo de judicial local, el juez acusado estará frente al juez León para dar explicaciones sobre la acusación que pesa en su contra.

Tras la denuncia en su contra y de romper el silencio en los días posteriores asegurando que está siendo agraviado y que su moral es intachable, salió a la luz que nuevamente el magistrado habría intentado interferir indebidamente, realizando una maniobra en el marco de la investigación que lo tiene como acusado.

Lo que habría sucedido es que tras haberse hecho público el pedido del fiscal acerca de solicitar audiencia para darle lugar a la investigación formal, el juez fue a buscar a Grassi, el fiscal coordinador, aunque no pudo llegar a él.

Esto se encuadra dentro de la investigación y el interrogante es si el funcionario judicial nuevamente intentó interferir en una situación de manera que no corresponde. Es que podría tener contacto con el fiscal, pero debería hacerlo a través de un escrito en forma de descargo o bien con un abogado.

La investigación se disparó porque desde la fiscalía entienden que el juez Montilla se interesó en asuntos que escapan a sus competencias funcionales, formulando sugerencias, invocando su condición de Juez de Garantías en Turno, interesado en la detención de una persona privada de libertad. La presencia del incumplimiento de los deberes de funcionario público y la usurpación de autoridad es lo que hay en la mira.