Ex empleado judicial fue liberado tras ser acusado abuso sexual
El sujeto fue acusado de violar a un joven en reiteradas ocasiones.
Pedro Cruz Oyarzun, exmilitar y extrabajador judicial de 40 años de trayectoria, fue imputado por abuso sexual tras ser acusado de violar en reiteradas ocasiones a un joven. Aunque el juez de Garantías inicialmente le dictó tres meses de prisión preventiva, la defensa de Oyarzun apeló ante el Tribunal de Impugnación, logrando que el imputado recuperara la libertad.
El caso salió a la luz hace un mes, cuando la denuncia fue radicada en la UFI CAVIG. La investigación encontró elementos que vinculan a Oyarzun, conocido como "El Chileno", con los delitos, lo que llevó al fiscal Roberto Ginsberg y a la ayudante fiscal Erica Funes a solicitar una medida de prisión preventiva debido a la gravedad de los cargos. Los abusos, según la acusación, habrían comenzado en 1997 y se habrían repetido en diversas ocasiones, aunque el Ministerio Público formalizó la acusación sobre cuatro episodios específicos.
El juez de Garantías, Javier Figuerola, aceptó la solicitud de prisión preventiva de la fiscalía. Sin embargo, los abogados defensores Néstor “Roly” Olivera y Marcelo Sandez presentaron un recurso argumentando que la evidencia no era lo suficientemente contundente para justificar la medida. Según Olivera, la defensa demostró que los elementos de prueba no aportaban la credibilidad suficiente al testimonio del denunciante, por lo que la prisión preventiva resultaba excesiva.
En respuesta, el juez de Impugnación, Eduardo Raed, revocó la prisión preventiva, permitiendo que Oyarzun dejara Tribunales sin restricciones. Aun así, la investigación sigue adelante y la fiscalía continúa atribuyéndole delitos sexuales que habrían ocurrido en 2010, 2013, 2021 y 2024, tres de ellos calificados como abuso sexual con acceso carnal y el más reciente, en abril de este año, como abuso sexual simple.
De acuerdo con la denuncia, estos hechos habrían tenido lugar en distintos encuentros entre Oyarzun y el joven, presuntamente desde que la víctima era menor de edad. La fiscalía cuenta ahora con un plazo de ocho meses para llevar adelante la investigación y ha ordenado la incautación de los datos del celular del acusado para avanzar en el proceso.