Los intendentes sanjuaninos esperan ansiosos saber si la Justicia Federal les hará lugar a la acción que presentaron para frenar temporalmente la resolución nacional que prohíbe el cobro de cargos extra en la boleta de la luz. Un "sí" les permitiría pasar un verano tranquilo y sin sobresaltos, al menos por ahora, a la hora de mantener el alumbrado público. El tema es complejo, consiste en varias definiciones de carácter judicial que debe tomar el juez Leopoldo Rago Gallo y según fuentes calificadas, la primera es inminente.

En acuerdo con las distribuidoras de electricidad y el Gobierno, los municipios locales judicializaron el debate que se desató en octubre a partir de la resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación que impide la continuidad de los cargos adicionales en la boleta de la luz. La pretensión de la administración de Javier Milei es que las compañías cobren solamente el consumo energético de las familias y que no agreguen otros ítems, como las tasas municipales.

Aunque la resolución nacional busca tener aplicación en todo el país, nació con el objetivo fundamental de ponerles un límite a varios intendentes de la provincia de Buenos Aires que cometen abusos. Con tal de recaudar, han creado tasas de cualquier naturaleza, que nada tienen que ver con el consumo eléctrico, y las suman a la boleta de la luz. 

En San Juan, las distribuidoras de electricidad Naturgy y Decsa (Caucete) incluyen solamente la tasa de alumbrado público, llamada Cargo Único Municipal. Así, las gestiones departamentales se aseguran una efectividad de percepción de casi el 100% y tener recursos para iluminar calles, espacios y edificios públicos.

Cada uno de los intendentes sanjuaninos presentó a principios de este mes un amparo, bajo el argumento de que la medida nacional es inconstitucional y viola la autonomía de las provincias y los municipios. Además, elevaron una precautelar y una cautelar para que se suspendan sus efectos hasta que se dirima el fondo del problema, es decir lo que plantean en el amparo.

La pelota está ahora en el terreno de Rago Gallo. Las fuentes revelaron que está trabajando en la precautelar y que es muy posible que la resuelva en estos días.

La precautelar y la cautelar tienen el mismo objetivo, pero el magistrado debe ir por partes. Todo indica que la primera saldrá antes de que fenezca 2024 y que la cautelar quedará para febrero, cuando termine la feria judicial.

Para las administraciones departamentales es de sumo interés obtener un triunfo parcial y esperan con muchas expectativas la primera resolución judicial. Que les concedan la precautelar ya mismo les traería un alivio, debido a que cesaría el peligro de que Comercio de la Nación ordene de un día para el otro detener el cobro del Cargo Único Municipal en la boleta.

Los jefes comunales están seguros que si la prohibición nacional avanza, sería una catástrofe financiera y económica. Aducen que la gran mayoría de los vecinos dejaría de pagar y no tendrían fondos para sostener las calles iluminadas. Dicho de otra manera, que todo quedaría a oscuras.

Si Rago Gallo hace lugar a la precautelar, mientras estudia la cautelar primero y el amparo después, la acción de Comercio quedaría desactivada de inmediato, lo que permitiría, por el momento, que Naturgy y Decsa sigan conformando la factura igual y que los municipios se aseguren los fondos.

Caso contrario, el organismo nacional podría bajar el ítem en cuestión y aplicar duras sanciones económicas a las compañías. En ese caso, mientras se sustancia el amparo, las comunas deberían instrumentar medidas para empezar a cobrar el alumbrado público en forma directa al vecino, sin la intermediación de las distribuidoras.

En los municipios se toman de las estadísticas locales y de casi todo el país. Destacan que solamente entre el 5 y el 30% de los vecinos abona las tasas municipales y que con eso no es suficiente para afrontar el costo de la energía que consumen espacios y edificios municipales, además de cambiar lámparas y cables y arreglar o reemplazar farolas.

La esperanza de los jefes territoriales se basa en la historia reciente. Jueces federales de otras latitudes han hecho lugar a las cautelares y congelaron la resolución nacional hasta resolver los amparos y el planteo de fondo.

Después de la precautelar y la cautelar, Rago Gallo tendrá que dictaminar justamente sobre la constitucionalidad o no de lo que dispuso la Secretaría de Comerio. Aunque las partes pueden apelar a instancias superiores, ese fallo empezará a poner sello de definitivo al resultado de la pulseada.