Juicio por expropiaciones en San Juan: Fiscalía pide severas condenas
Este miércoles se retomará el juicio contra los acusados de estafar al Estado por más de 15 millones de dólares, con más de la mitad de los acusados con altas probabilidades de terminar presos.
El caso de las expropiaciones fraudulentas en San Juan, que estalló hace 14 años, sigue generando repercusiones. En su paso por Paren las Rotativas de Canal 13, el abogado Rubén Pontoriero, representante de la Fiscalía de Estado, pidió altísimas penas contra los acusados, incluyendo jueces, abogados y peritos, a quienes acusó de haber creado una "industria del juicio" basada en la connivencia y fraude procesal.
La causa se originó por una denuncia de estafa al Estado provincial, en la que un grupo habría inflado artificialmente los valores de terrenos expropiados. Según Pontoriero: "Era una industria del juicio aceitada, donde todos los actores (jueces, peritos, abogados) parecían jugar para el mismo equipo. Esto permitió avanzar con sentencias realmente estrafalarias."
La Fiscalía de Estado sostiene que los procesos carecieron de independencia judicial y contralores adecuados, configurándose un esquema de fraude institucionalizado.
En los alegatos finales, tanto la Fiscalía como los querellantes solicitaron duras condenas para los principales implicados:
- Santiago Graffigna (líder de la asociación ilícita): 25 años de prisión.
- Carlos Macchi (ex juez del Quinto Juzgado Civil): 18 años.
- Horacio Alday (partícipe necesario): 15 años.
- Para otros implicados, las penas varían entre 3 y 12 años.
Por otro lado, los ex miembros del Tribunal de Tasación (Adolfo Cravero, Julio Fernández y Eduardo Olivera) fueron excluidos de la acusación por parte de la Fiscalía de Estado, aunque no por la Fiscalía Penal.
El defensor de Santiago Graffigna culminará próximamente sus alegatos, tras lo cual las demás defensas presentarán sus solicitudes de absolución ante el tribunal. El caso avanza hacia una etapa crítica, marcada por el enfrentamiento de tesis entre las partes.
Pontoriero concluyó señalando que los procesos denunciados carecieron de transparencia y supervisión adecuada, y reafirmó que se busca justicia para reparar el daño ocasionado al patrimonio de San Juan.
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