Este jueves, Laura Noemí Figueroa, conocida como la "falsa médica de Caucete", logró evitar la prisión tras llegar a un acuerdo con la justicia. Sin embargo, deberá indemnizar con cerca de 500 mil pesos a los tres obreros desempleados que estafó bajo la promesa de conseguirles trabajo en empresas mineras.

En la audiencia celebrada el 21 de noviembre, el juez de garantías Alberto Caballero ordenó a Figueroa pagar alrededor de 170 mil pesos a cada damnificado, como reparación integral del daño. La cifra fue determinada a partir del monto denunciado por las víctimas, más los intereses correspondientes. Según lo establecido, si se concreta el pago, la causa será archivada.

El caso

El escándalo salió a la luz en abril pasado, cuando se denunciaron las maniobras fraudulentas de Figueroa, una residente del barrio Felipe Cobas de Caucete. Según los testimonios, la mujer se hacía pasar por médica vinculada a compañías mineras y ofrecía gestionar empleos bien remunerados a cambio de un pago previo.

Cada víctima, contactada por la supuesta profesional, acordó encuentros en cafés de Capital, donde Figueroa les aseguraba tener contactos con gerentes y áreas de Recursos Humanos de grandes empresas. A cambio de su “mediación”, exigía un pago de 100 mil pesos y la realización de estudios médicos, que supuestamente eran necesarios para ingresar al empleo prometido.

Sin embargo, tras recibir el dinero y los certificados médicos, Figueroa desapareció sin cumplir sus promesas, dejando a los obreros sin trabajo ni respuestas.

Entre marzo y abril de este año, las tres víctimas presentaron denuncias en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La investigación determinó que Figueroa no era médica ni tenía vínculos con empresas mineras. En marzo, se allanó su domicilio en Caucete, donde se secuestraron su celular y otros elementos relacionados con las estafas.

Aunque el fiscal Gallastegui solicitó su detención, el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli rechazó la medida coercitiva. Ahora, con el acuerdo alcanzado, se espera que Figueroa cumpla con el pago a las víctimas, cerrando así este caso que dejó en evidencia la vulnerabilidad de las personas desempleadas frente a promesas fraudulentas.