Esta semana se conoció una grave situación que se encuentran atravesando más de 100 mujeres en el vecino país de Chile. Se trata de que todas tuvieron un embarazo no deseado, debido a que consumieron anticonceptivos defectuosos. Los mismos eran entregados desde el estado.

Este problema comenzó entre marzo y septiembre del 2020, cuando desde el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) detectaron ocho lotes de seis anticonceptivos que estaban defectuosos. Los mismos eran repartidos en centros de salud públicos que los entregaban a cada paciente que lo necesitaba.

En ese momento se los retiró del mercado. Sin embargo una semana después se volvió a comercializar el contenido de uno de los lotes en cuestión debido a que "las fallas eran visiblemente detectables". Luego de esto, un total de 111 chilenas reportaron que quedaron embarazadas, quienes habían adquirido estos medicamentos.

Algunas de ellas incluso son adolescentes según lo que informaron desde el Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles). Por otro lado el ISP esta estudiando si tuvo responsabilidad o no en esta situación. Una de las afectadas, Estefany Cavieres, manifestó que desde su centro médico le avisaron de lo sucedido con los lotes. Sin embargo le aseguraron que las pastillas que ella consumía no tenían ningún problema.

Por lo que continuó con este tratamiento de planificación familiar administrado en hospital públicos. Hasta que en un momento empezó a sentir náuseas, cansancio y dolor en sus senos. Gracias a estos síntomas confirmó que estaba embarazada. De esta manera esta esperando un tercer hijo, teniendo una pequeña de tres años con problemas de salud que no puede costear.

"El mundo ya está demasiado complicado como para traer más hijos. Y ahora me pregunto: ¿en quién confío? A una le da rabia porque el sistema la deja tirada", declaró. Lo que agravó aún más la situación es que desde el estado no le permitieron a ninguna de las afectadas interrumpir voluntariamente su embarazo.

En Chile sólo se puede realizar esta práctica si la mujer fue víctima de abuso, el feto tiene algún problema grave o corre riesgo la vida de la futura madre. Debido a esto la abogada Estefanny Molina elevó el caso a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que se trata de "una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas".