Allende: "El gobierno nacional no ha cobrado retenciones a las exportaciones de oro y plata"
El diputado nacional de Unión por la Patria cuestionó la decisión del gobierno nacional de no cobrar retenciones a las exportaciones de oro y plata durante todo el 2024. Esta medida implica una pérdida de ingresos estimada en más de 250 millones de dólares.
El diputado nacional por Unión por la Patria, Walberto Allende, cuestionó la decisión del gobierno nacional de no cobrar retenciones a las exportaciones de oro y plata durante todo el 2024. Según el legislador y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, esta medida implica una pérdida de ingresos estimada en más de 250 millones de dólares, afectando principalmente a provincias mineras como San Juan y Santa Cruz.
Allende explicó que la situación surgió a raíz de la no renovación de un decreto que establecía una alícuota del 8% en las retenciones a exportaciones mineras. Este decreto, vigente desde el gobierno de Mauricio Macri y continuado con modificaciones por Alberto Fernández, venció el 31 de enero de este año y no fue actualizado por el Ejecutivo.
“Esto permitió que empresas como Barrick, operadora de Veladero en San Juan, se vieran exentas de este impuesto. Aunque algunos sectores pueden apoyar esta decisión como un alivio para la actividad minera, considero que es un despropósito. Este dinero podría haberse destinado a obras de infraestructura necesarias para el sector y las comunidades afectadas”, señaló el diputado.
El legislador destacó que la falta de retenciones perjudica directamente a las provincias, ya que no reciben estos ingresos adicionales para infraestructura. “Aunque las regalías se mantienen, los fondos de las retenciones habrían sido clave para proyectos importantes en San Juan y otras provincias mineras. Esto debilita el argumento de quienes defendemos la minería como motor de desarrollo”, afirmó Allende.
Según el diputado, el gobierno no presentó ninguna justificación oficial para esta decisión, lo que aumenta las críticas desde sectores legislativos y sociales. “Presenté un informe en la Cámara de Diputados para conocer los fundamentos de esta medida. El Ejecutivo tiene la potestad de decidir sobre las retenciones, pero esta decisión, por omisión, no contribuye a la transparencia ni a la defensa de la actividad minera”, subrayó.
Consultado sobre posibles acciones legislativas, Allende reconoció que el Congreso no tiene herramientas inmediatas para revertir esta decisión debido a la delegación de facultades otorgada al Ejecutivo. Sin embargo, insistió en la necesidad de replantear el modelo de retenciones y redirigir los fondos hacia el desarrollo de las provincias mineras.
“Esta omisión perjudica no solo las finanzas públicas, sino también la percepción de la minería como una actividad que beneficia a las comunidades locales. Es un argumento más para quienes sostienen que la minería no deja nada”, concluyó Allende.