La oposición mostró una primera foto de unidad, apenas cuatro días después de que el proyecto de Ley de Lemas viera la luz en la Legislatura. Estuvieron casi todos los que se oponen al regreso del sistema electoral derogado a fines de los '90, convocados por Marcelo Orrego. Más allá del motivo declarado, queda mucha tela para cortar y todo un camino para recorrer hasta 2023, con final abierto.

Quienes están acostumbrados a leer la política saben que más que discursos, más que palabras, importan los gestos. Y este lunes los hubo en abundancia, repletos de significado. Orrego quedó en el centro de la mesa, flanqueado por Marcelo Arancibia y Martín Turcumán, dos de las cabezas de Consenso Ischigualasto. No pareció accidental el reparto de ubicaciones.

Sin embargo, ni de uno ni de otro lado aceptan precipitar las cosas. Para hablar de alianza todavía falta mucho.

Orrego actuó como dueño de casa hasta en la elección del lugar: un hotel en Santa Lucía, el más conocido. El departamento del Este se convirtió en bastión del basualdismo hace tiempo. Por eso elegir Santa Lucía fue jugar de local.

Fue una puesta en escena. Entiéndase correctamente la expresión. El contenido de los discursos ya se había escuchado sobradamente desde la semana pasada, en todo el espectro de medios de San Juan. Ni Orrego ni ningún otro dirigente aportó alguna novedad al respecto. No hubo anuncios. Conceptualmente fue declararle la guerra a la Ley de Lemas. El dato estuvo, entonces, en la foto. En la mesa compartida entre figuras que otrora no se hubieran mostrado juntas.

Fue notable la ausencia de Cruzada Renovadora en esa cumbre opositora. Alfredo Avelín Nolléns justificó su inasistencia por encontrarse fuera de la provincia. En Consenso Ischigualasto dijeron que no hubo ninguna otra razón. Sin embargo, el veterano dirigente suele jugar minuciosamente en este tipo de tableros. Vale dejar constancia de su faltazo. Con el correr de los días cobrará algún sentido hasta ahora no revelado.

A la mesa de Orrego se sentaron dirigentes muy diversos pero uniformados por un criterio: van a combatir hasta el final contra la Ley de Lemas, sin importar la desventaja numérica en la Legislatura ni el antecedente judicial adverso en la Corte Suprema.

El máximo tribunal del país desestimó una presentación iniciada por la UCR en Santa Cruz, reconociéndole a la provincia patagónica su potestad de dictarse a sí misma su propio sistema electoral. Ese fallo a favor de la Ley de Lemas es uno de los argumentos del peronismo y aliados para avanzar decididamente en la reforma.

Si los números en la Cámara de Diputados están prácticamente cantados y si la Justicia acompañó este sistema electoral, es altamente probable que el 2023 encuentre a todos los partidos diseñando lemas y sublemas. Es decir que todo este pataleo sea fundacional para una coalición. Nada más. Ni nada menos.

Ninguno de estos dirigentes opositores escapa a la realidad. El escenario que enfrentan es complejo. Difícilmente puedan detener la transición de las PASO a la Ley de Lemas. Entonces, no tendrán más opción que acomodarse a las nuevas reglas, llegado el momento oportuno. En ese punto exacto importará mucho la capacidad que hayan tenido para unir lo que no pudieron en el pasado.

Competir con una sola lista sería jugar a pérdida. En la Ley de Lemas importa muchísimo la sumatoria. La lógica primaria indica que a mayor cantidad de candidatos, mayor cantidad de votos. Por lo tanto, mayores posibilidades de ganar.

La sumatoria no es garantía de victoria tampoco, pero jugar con listas de unidad sin contienda interna sería tanto como regalar una ventaja enorme al contrincante. Al peronismo y aliados en este caso.

La Ley de Lemas le ofreció a la oposición la excusa perfecta para unirse. Primero, porque representa una causa común que está por encima de cualquier otra diferencia que puedan tener. Segundo, porque necesitarán multiplicar el número de líneas internas para acumular votos. Tener más de un candidato a gobernador, por ejemplo, será fundamental.

Sin embargo, tampoco habría que sobredimensionar el peso de la foto de este lunes. Por el momento fue tan solo una convergencia contra el sistema electoral que impulsa el oficialismo. Hacia adelante todavía quedarán muchas desconfianzas por sanear entre las distintas expresiones de la oposición.

En off the record, una alta fuente opositora consideró que la Ley de Lemas podría calzarles como anillo al dedo. Suponen que más del 50 por ciento del electorado está disconforme con el oficialismo, por distintas razones. Por motivos de índole local y también por arrastre de lo nacional. Por lo tanto, no habría más que juntar a toda la oposición para quedarse con el gobierno el año que viene. Sin embargo, las cuentas nunca son tan lineales.

Quedan recelos cruzados. El Sistema de Participación Amplia Democrática (SIPAD), tal cual es la denominación moderna de la Ley de Lemas, implica el reparto proporcional de bancas en la Legislatura y en los concejos deliberantes. ¿Estarían dispuestos en el diverso y colorido arco opositor a mezclarse de tal manera? 

Por otro lado, ¿cómo harían para compatibilizar las cuestiones que los dividen, por ejemplo la postura sobre la gran minería metalífera? Orrego ha dicho en varias oportunidades que el acuerdo debería tener base programática, porque de lo contrario se caería al poco andar. El fantasma de la Alianza de 1999 todavía asusta, a pesar del tiempo transcurrido.

Nuevamente el oficialismo tiene la sartén por el mango. Tendrá que limar sus propias asperezas internas para sancionar un sistema electoral que deje medianamente conformes a la mayoría en el Frente de Todos. Sin descuidar la vereda opuesta de la grieta tampoco, porque lo que la Ley de Lemas facilita para unos, también ayuda al resto. Aunque la oposición prefiera no decirlo hacia afuera todavía.


JAQUE MATE