El basualdismo tuvo que cargar con la sospecha de ser funcional al giojismo  durante años. Fue siempre la primera fuerza de oposición, legitimada por el voto popular una y otra vez. Pero al mismo tiempo debió enfrentar los embates de los terceros circunstanciales, que hicieron campaña pretendiendo desenmascarar el supuesto acuerdo de gobernabilidad. El pacto consistía, esencialmente, en no incomodar al gobierno de turno. Esa leyenda urbana se terminó de derrumbar el año pasado y altera sustancialmente el escenario para 2023.

Curiosamente, buena parte de aquella dirigencia que le imputó a Roberto Basualdo ser 'el peronismo B' o un simulacro para diluir a la oposición en San Juan, terminó sentándose a su lado tiempo después. Muchos de aquellos críticos hoy integran la mesa de Juntos por el Cambio. Basta desempolvar el archivo para identificar a los protagonistas. Igualmente es tiempo pasado. Y la política es dinámica.

En esta lógica de relacionamiento, Consenso Ischigualasto también apuntó contra el orreguismo, heredero del basualdismo, por su temperamento poco confrontativo, manso, moderado y cordial frente al uñaquismo. Fue uno de los rasgos sobresalientes de la campaña legislativa de 2021, a punto tal que muchas veces fue más interesante seguir el picoteo entre opositores que la puja con el Frente de Todos. Basta citar como ejemplo el pedido de jury que presentó Marcelo Arancibia contra Enrique Conti, para ilustrar la situación.

Pero hubo un punto de inflexión y fue aquella sesión legislativa del 16 de diciembre, cuando el oficialismo impulsó la derogación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en medio de un debate áspero y por momentos, desordenado. Hizo eclosión la interna peronista. Se terminó rompiendo el bloque y los giojistas fueron los primeros en acudir a la Justicia para voltear la ley sancionada. Pero también fue el quiebre de las simpatías entre uñaquistas y orreguistas.

Es un dato evidente para el análisis político. Sin embargo, este lunes lo expuso delante de cámaras el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, en vivo en Banda Ancha. Ante la pregunta sobre cómo está su relación con el gobierno provincial, contestó que es correcta desde lo institucional, pero admitió que se enfrió bastante desde aquel episodio del 16 de diciembre. 

Efectivamente, Martín endureció su discurso. Empezó a hablar de 'ponerle fin a 20 años de gobierno peronista/kirchnerista'. Se puso en la ofensiva y así preservó a Marcelo Orrego, como hacen las tropas con los generales. De todas formas, lo que hiciera o dijera uno siempre tendría referencia directa con el otro. 

El rivadaviense asumió un rol más agudo. Desempolvó el perfil que tuvo cuando era concejal opositor a Elías Ávarez y semanalmente convocaba a una conferencia de prensa para cuestionar la gestión del intendente justicialista.

Este martes en Canal 13 dijo que San Juan es la única provincia del país que no tiene en claro cómo se votará el año que viene. Fue llamativo que lo mencionara él, porque la jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, acaba de declarar inconstitucional la ley y restituyó las PASO. La magistrada les dio la razón a los giojistas y a los orreguistas. Pero, claro, es una situación precaria tratándose de un fallo en primera instancia.

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, confirmó que presentará una apelación ante la Cámara Civil entre jueves y viernes de esta semana. De manera tal que lo resuelto por Tettamanti podría revertirse en el corto plazo. Aún en ese caso, el recorrido judicial no habrá terminado, porque todavía estará la alternativa de acudir a la Corte de Justicia. E incluso, a la Corte Suprema. La estrategia de Juntos por el Cambio apunta directamente al máximo tribunal de la Nación, en caso de que fracase su petición en las instancias provinciales.

Esto es lo que Martín definió como inseguridad jurídica: desconocer si habrá PASO o no en 2023, casi pisando el segundo semestre de 2022. Hay una discusión jurídica y política en torno del régimen electoral y también acerca del procedimiento legislativo utilizado el 16 de diciembre. Pero hay también un anticipo de asperezas, propio de toda víspera de urnas.

Y es aquí, en este punto, donde se plantea la bisagra. Aquella sospecha que debió cargar el basualdismo hoy devenido en orreguismo, se despeja. Hay una clarísima división entre oficialismo y oposición que se plasmó en el debate preelectoral. Juntos por el Cambio rechazará cualquier sistema alternativo a las primarias, lo cual equivale a cerrar cualquier posibilidad de negociación frente al pedido del gobernador de evitar votar dos veces. El acuerdo es inviable. Si prospera algún régimen diferente, será sin el respaldo de Juntos por el Cambio. 

'Si el gobierno viola la ley, la vamos a judicializar', anunció Martín. Y lo reiteró en tono de advertencia. Fue una respuesta directa al reclamo que les hizo Sergio Uñac por haber llevado a Tribunales una diferencia política. El impasse forzoso del diálogo pretendido en la Legislatura queda además colgando de un hilo muy delgado. Toda decisión que venga en adelante referida al sistema electoral podría terminar en la Justicia. Más allá de las razones de un lado y del otro, el camino hacia 2023 se vuelve cada vez más tortuoso.

Al mismo tiempo, esta indefinición de reglas le pone un manto de piedad a la urgencia por las candidaturas. Si no está claro cómo será la selección de candidatos, los dirigentes pueden refugiarse ahí para patear las declaraciones públicas hacia más adelante. Mientras tanto sigue avanzando el calendario. Lo único cierto en esta madeja de enredos, es que hay fuego cruzado. Y el orreguismo archiva el karma basualdista.


JAQUE MATE