Como todo abogado, Juan de la Cruz Córdoba siempre tuvo facilidad de palabra. También, cierta vocación de hundir el cuchillo discursivo cuando se trata de política. Pero ahora recibió instrucciones de moderar al extremo sus manifestaciones públicas. Como presidente del interbloque orreguista en la Legislatura, tendrá que generar la mayor armonía posible con la apabullante mayoría justicialista.

Son las reglas del juego con las que tendrá que moverse la administración de Marcelo Orrego en los cuatro años de mandato. Ese fue el veredicto del 2023. En cada elección el votante compuso un reparto inédito del poder. Desplazó al peronismo luego de 20 años ininterrumpidos, pero condicionó al gobernador a convivir con una mayoría opositora en la Cámara de Diputados. 

Para Córdoba, es imperativo reducir cualquier riesgo de discordia con sus pares justicialistas. Las diferencias llegarán eventualmente. Será inevitable. La consigna entonces será achicar el margen y, cuando se termine la tregua, exponer las trabas ante la opinión pública. Someter a los peronistas al escarnio de la calle.

Orrego asumió con una alta imagen positiva y ese activo será aprovechado al menos en este primer trayecto. El presidente del bloque oficialista lo planteó de manera expresa este lunes en Banda Ancha.

'Si el gobernador presenta proyectos de ley en beneficio de San Juan y del otro lado se entorpece por intereses que no tienen que ver con el bien común, que la ciudadanía se lo haga saber a los diputados', dijo Córdoba.

En jerga futbolera equivale a involucrar a la tribuna en la cancha. El jugador número 12. Puede funcionar estratégicamente siempre que Orrego conserve el favor de la gente y el peronismo continúe de capa caída. Sin embargo, la voluntad popular es cada vez más volátil. Esto también está claro en el diseño del nuevo oficialismo.

'Estamos todos los días rindiendo examen', dijo Córdoba. Esa evaluación le cabrá al oficialismo y también a la oposición. El PJ habrá acusado recibo de la disconformidad social luego de los golpes sufridos en 2023. Tensar la cuerda, al menos por ahora, no sería recomendable. La tolerancia hacia la política está en el límite.

Hubo un inicio de gestión con pura cordialidad en la Legislatura. Se plasmó el pasado jueves. Súbitamente, el orreguismo dio consentimiento para que el uñaquismo se quedara con la Defensoría del Pueblo. Por unanimidad aprobaron la designación de la ex diputada Florencia Peñaloza, en el cargo que había dejado vacante Pablo García Nieto, hoy presidente vitalicio del Tribunal de Cuentas.

No tenía caso que el orreguismo resistiera la designación de Peñaloza, porque habría perdido la votación. Pero igualmente pudieron presentar una contrapropuesta, otro candidato o candidata. Forzar las cosas. Prefirieron no hacerlo. Evitaron la tensión.

Córdoba justificó el acompañamiento a Peñaloza al reconocer las condiciones profesionales de la ex legisladora. La Defensoría del Pueblo es un lugar importante en el ordenamiento constitucional de San Juan, pero es un cargo a plazo. Dura cinco años. Nada más.

Lo verdaderamente relevante en este episodio fue que el oficialismo tuvo un gesto hacia la oposición y ahora espera reciprocidad. Los consensos se construyen de ida y vuelta. Se verá el próximo jueves si el peronismo está dispuesto a colaborar. O no.

Está en juego el único cargo de la Legislatura para integrar el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de elaborar las ternas para designar jueces y magistrados. Es un sitio clave. ¿Por qué razón el PJ cedería esa banca, si tiene número suficiente para imponer lo que quiera? 

Lo único que podría detener la avanzada justicialista sería el factor político. Aquello del jugador número 12, posiblemente.

Si el orreguismo tiene un argumento para frenar el imperio de la mayoría peronista, es precisamente el costo político que pueden pagar. Ya le pasó al uñaquismo: le costó demasiado caro la arremetida para voltear el sistema electoral a fines de 2021. Tuvo número suficiente para hacerlo, pero ese día detonó la interna y favoreció la unidad de toda la oposición. El resultado final se plasmó en las urnas.

No solo el cargo en el Consejo de la Magistratura está en disputa dentro de la Legislatura, sino también las dos vocalías del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras o IPEEM. Es nada menos que el órgano encargado de concesionar las áreas mineras en todo el territorio provincial. El justicialismo quiere quedarse con la vocalía de la primera minoría, que también reclama Producción y Trabajo.

Casi no tiene sentido entrar en la discusión fina. Más allá de los argumentos, lo que buscan desde ambos sectores es incrementar su cuota de poder. El próximo jueves se conocerá la conclusión de esta pulseada. Ese final podrá ser consensuado, como la designación de la nueva Defensora del Pueblo. O podrá terminar por la fuerza.

Mientras tanto, Orrego sentó a los 19 intendentes a su mesa y les prometió escucharlos personalmente, uno por uno. Los jefes comunales salieron satisfechos y prometieron respaldarlo. Ellos también entendieron que la gente está al límite. Porque así como la hinchada puede alentar, también puede mandar todo al demonio.


JAQUE MATE