Con la enorme penetración que tienen los medios de comunicación porteños aquí, a 1.200 kilómetros de distancia, es entendible que se trasladen los malestares desde el Obelisco a esta tierra cuyana. Pasa aún cuando poco tenga que ver aquella realidad con la sanjuanina. Hubo dos fuertes demostraciones la semana pasada, acerca de este efecto contagio. No hay blindaje posible frente al clima social irradiado desde el ombligo de Argentina hacia el resto del país.

El miércoles se llevó a cabo el paro de la Mesa de Enlace, el campo más rico de la Argentina. En los papeles, la protesta fue por la falta de gasoil. Rascando un poco afloró el verdadero motivo: quieren tributar menos, imputándole a gobierno peronista que está abusando de la gallina de los huevos de oro, es decir, la soja y otros granos sobrevaluados por la crisis de alimentos que atraviesa el mundo. Se puede decir más corto. La pulseada es por la renta.

En San Juan hubo un correlato directo de este reclamo empresario de la rica Pampa Húmeda. La Federación de Viñateros que conduce Eduardo Garcés se sumó simbólicamente a la medida, por el tema del gasoil y por una política 'que recupere la estabilidad macroeconómica del sector productivo'. Hubo división.

La Asociación de Viñateros Independientes de Juan José Ramos tildó el lock out ruralista de 'mezquino'. En Banda Ancha el dirigente sanjuanino que exporta vinos y uva de mesa coincidió en que el dólar oficial está atrasado, pero por primera vez en mucho tiempo reconoció que la rentabilidad de la Pampa Húmeda está por las nubes, mientras las economías regionales la siguen peleando. Ya lo escribió el gran Atahualpa Yupanqui: 'las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas'.

No cabe detenerse mucho más en este contrapunto campero, salvo para decir que las pasas y la uva para consumo en fresco no pagan retenciones a las exportaciones. Y que el vino tiene más devolución que retenciones. Además, está cerrada la importación de estos alimentos, como medida de protección a los productores. Sufren la inflación, como todo el mundo. Pero tienen una realidad absolutamente alejada de la sojera.

El episodio, sin embargo, sirvió para demostrar una vez más la penetración del clima social porteño aquí, al pie de la Cordillera. Veinticuatro horas después ocurrió otro evento que también caló hondo en los hogares sanjuaninos. Movimientos sociales que tienen sus referentes en San Juan, se movilizaron frente a la Casa Rosada para resistir el ajuste que propone la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, e insistir con el 'salario universal', una iniciativa del Frente Patria Grande de Juan Grabois que cuenta con el respaldo político de Cristina Fernández de Kirchner.

La imagen dantesca de la Plaza de Mayo tomada por militantes de movimientos sociales fue interpretada de dos formas distintas por los medios porteños. Así llegó, a paquete cerrado, a San Juan. Por un lado, estuvieron los que entendieron que es el reflejo del malestar social por la inflación impiadosa. La voz de los pobres. El contrato quebrado entre el Gobierno y la base electoral que le dio la victoria en 2019. 

Por otro lado, estuvieron los que presentaron esa movilización como una maniobra clientelar a costa de los contribuyentes. Sectores de derecha acuñaron el término 'pobrismo', como si se tratara de un plan que llega hasta el mismísimo Vaticano.

En San Juan no pasó nada el jueves. No hubo movilización alguna. Pero el martilleo de los planes sociales pudo haber resonado en los hogares. Más aún cuando se trata de un asunto todavía oscuro, que de vez en cuando se deja ver. Sucede cuando se filtra el audio de algún dirigente social que extorsiona a sus seguidores para asistir a un piquete, bajo amenaza de quitarle el beneficio. Dos nombres alcanzan para acreditarlo: Abel Peralta, del Movimiento Teresa Rodríguez, y Emilio Farías, del Movimiento 17 de Noviembre.

El fastidio por el manoseo de los planes sociales se convirtió en un problema tangible para la política. Por eso la vicepresidenta de la Nación propuso públicamente eliminar los intermediarios y que el Estado recupere la administración plena de esos beneficios. Para Cristina fue incurrir en una contradicción histórica. El kirchnerismo se apalancó en los movimientos sociales desde 2003 en adelante para construir poder.

Hoy el manejo de las políticas sociales en Argentina está 'loteado', usando una palabra utilizada por una fuente bien informada sobre el organigrama del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Está Juan Zabaleta al frente de la cartera, es verdad. Pero de ahí para abajo hay distintas capas que funcionan cada una con su propia lógica. Y sus propios intereses. Está La Cámpora, está la gente del Fernando 'El Chino' Navarro. Está la gente de Emilio Pérsico. Está la gente de Sergio Massa. ¿Es un problema del peronismo? Ojalá. La gestión de la macrista Carolina Stanley triplicó los beneficios sociales en cuatro años, entre 2015 y 2019.

¿Cómo se traduce esto en San Juan? Actualmente hay una estimación oficial de 13.000 planes dependientes de Desarrollo Social de Nación, bajo la modalidad del 'Potenciar Trabajo'. Pero esos beneficios, para que lleguen a la mano de una persona en particular, tienen que pasar por una unidad de gestión. En la mayoría de los casos -la inmensa mayoría- esas unidades de gestión son movimientos sociales. 

Hay un gerenciamiento tercerizado de fondos públicos para laburantes de la economía social. En el mejor de los casos la plata debería llegar intacta al bolsillo de la gente. Si les retienen una parte para la organización, difícilmente alguien denuncie. Porque claro, se quedaría afuera. Sin nada. Es tan elemental como invisible. Bueno, invisible siempre y cuando nadie quiera verlo.

De los 13.000 planes 'Potenciar Trabajo' reconocidos en la provincia, solo unos 3.000 son administrados por el Ministerio de Desarrollo Humano de Fabián Aballay. Los 10.000 restantes son manejados por movimientos sociales, según datos suministrados por la delegada de Desarrollo Social de Nación en San Juan, Romina Albarracín.

¿Cuáles son esas organizaciones, cuántos planes opera cada una? Misterio. La funcionaria dijo el viernes pasado en Banda Ancha que es un dato todavía en procesamiento en Buenos Aires. Depende de un área que no es la suya. Y además está aquello del 'loteo' del Ministerio de Desarrollo Social, por el cual la información es retenida a conveniencia de la oficina que le toque. En este caso, esa información está en manos del sector de Pérsico.

¿Tiene limitada la cantidad de planes que puede manejar una organización social? No. ¿Puede suceder que alguno de estos movimientos duplique la cantidad de planes que opera el Ministerio de Desarrollo Humano, es decir que tenga más de 6.000 beneficios a cargo? Sí, puede suceder. Fueron preguntas concretas y fueron las respuestas que brindó Albarracín. Pero la información fina, precisa, transparente, no está en San Juan sino en algún estante en Buenos Aires.

San Juan no es inmune a los problemas irradiados desde el ombligo de la Argentina.


JAQUE MATE