Caños, viviendas y ahora también colectivos. En cada uno de estos ítemes groseramente enumerados hay partidas demoradas de Nación para San Juan. La única alternativa para amortiguar el golpe es aportar fondos provinciales, con la expectativa de que más adelante Alberto Fernández y su equipo de gobierno se pongan al día. 

A tan solo 25 días de las elecciones, la asfixia económica dejó de ser una preocupación exclusiva de Sergio Uñac. También debería serlo para José Luis Gioja y para Marcelo Orrego, los otros dos dirigentes que tienen chances de tomar las riendas el 10 de diciembre de acuerdo al mundillo de las encuestas guardadas bajo llave.

El secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz, fue a Santa Lucía este martes para acompañar a Lucio González en campaña por la intendencia orreguista. Hubo acting con pala en mano para prometer un parque departamental. En ese curioso contexto el funcionario blanqueó la grave demora de subsidios nacionales.

Sin anestesia, Armendáriz pataleó porque la provincia está absorbiendo con sus propios recursos las remesas que garantizan el equilibrio del servicio de colectivos. Es una cuenta sencilla: sin ese dinero público, los empresarios no podrían terminar de pagar salarios de choferes. 

Este cuento es conocido. Cada vez que hay conflicto salarial en el transporte, deriva en paro. En San Juan utiliza el servicio público el 42 por ciento de la población. Dato oficial e inapelable. No hay margen para dejarlo librado a la voluntad de Nación.

El Presupuesto 2023 conservó el privilegio para el Área Metropolitana de Buenos Aires o AMBA, que se lleva cuatro veces más subsidios que el conjunto de las 23 provincias argentinas, incluida San Juan. Para el interior se asignaron 85.000 millones de pesos, pero todavía no se definió con exactitud cuánto le corresponderá a cada jurisdicción.

Entonces los que mejor están recibieron la partida de enero. El resto sigue esperando. Es el caso de San Juan, según dijo Armendáriz. O sea, van prácticamente cuatro meses de retraso acumulado en subsidios al transporte público.

En estos cuatro meses Nación debía enviar y repartir 7.000 millones que servirían básicamente para contención tarifaria. Es decir, para que el boleto no deba trepar tan aceleradamente. En San Juan la próxima revisión será en junio, con suba de combustibles a razón del 4 por ciento mensual más paritaria de UTA-FATAP acorde al costo de vida.

Algunas provincias ya están sufriendo medidas de fuerza. San Juan todavía no, gracias a que está atendiendo con caja propia el incumplimiento de Nación. ¿Hasta cuándo? Difícil saberlo con exactitud.

La provincia no está sobrada de recursos. Una altísima fuente de gobierno confirmó que la ministra de Hacienda, Marisa López, acaba de cerrar milagrosamente las cuentas para pagar sueldos estatales de abril con el 10 por ciento de aumento comprometido. Pudieron respirar aliviados hace apenas unos días, después de una alquimia compleja. 

Los recursos coparticipables se perfilan a la baja debido a la sequía histórica que impacta en la cosecha de granos y, por lo tanto, en la recaudación federal. En paralelo la inflación sigue desbocada, con el aditamento de la corrida cambiaria. Nada extraordinario en la historia Argentina.

Al comenzar esta columna se hizo referencia a 'caños, viviendas y ahora también colectivos'.  Las partidas nacionales demoradas son cada vez más. O al menos se van revelando escalonadamente. 

El miércoles 5 de abril, hace exactamente dos semanas, el gobernador Uñac admitió que la provincia sigue esperando remesas del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, más conocido como ENHOSA. Habló de una 'deuda importante', sin abundar en cifras. Es dinero para agua y cloacas. No hay manera más sencilla de decirlo.

Ese mismo miércoles Uñac reconoció que empieza a abultarse la deuda por fondos para viviendas, también. En todos los casos, San Juan está paliando la demora con fondos propios. Pero, como se dijo en una columna Jaque Mate anterior, son épocas de vacas flacas.

El otrora superministro Sergio Massa -hoy devaluado simbólicamente al rango de ministro, a secas- tiene que rendirle cuentas al Fondo Monetario Internacional. Heredó un acuerdo que él no firmó por una deuda que él no tomó. Pero aceptó ponerle el pecho a la ingrata tarea de ajustar. No le agrada al gobierno nacional hablar en estos términos pero ya no hay lugar para eufemismos. Las cosas, por su nombre.

Después de cerrar el 2022 con un déficit del 2,4 por ciento del PBI, este año Massa tiene que seguir reduciendo ese rojo fiscal al 1,9 por ciento. Si van a ingresar menos dólares porque la cosecha estará diezmada por la sequía, la otra manera de achicar el déficit es ajustar fuertemente el gasto público. Y es lo que está sucediendo.

Ajuste con campaña electoral nunca se llevaron bien. Pero no parece haber demasiadas alternativas. Entonces, visto desde San Juan, el uñaquismo tiene el deber de blanquear cuanto antes estas restricciones impuestas por Nación. El humor social tenderá a resentirse. Es previsible. Que el ciudadano común vaya visualizando el origen de los problemas allá en Buenos Aires, sería la consigna por estas horas.

Lo cierto es que las condiciones no van a mejorar en el corto plazo. Posiblemente tampoco en el mediano plazo. Hay análisis alarmantes sobre el impacto que produciría un cambio de modelo como el que propone el libertario Javier Milei. En cualquier caso, la asfixia económica actual y la que viene en camino hace tiempo dejó de ser un problema de Uñac para convertirse en un gran dolor de cabeza colectivo.


JAQUE MATE