La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asistió al trabajo en comisiones de la Cámara de Diputados para defender la aprobación de la Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei.

En su exposición, dedicó los primeros minutos a explicar lo que consideró un malentendido y confirmó una marcha atrás en la reglamentación de las protestas sociales.

‘Lo primero que voy a hacer es una aclaración: hubo una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para la reunión de 3 personas. Eso está vinculado a la ley de tránsito y no a la general’, señaló Bullrich. Y remarcó: ‘Vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo de la Ley’.

La titular de la cartera de seguridad afirmó que ‘la posibilidad de tener un país en orden, capaz de crear trabajo se manifiesta en la razonabilidad de la protesta social’. ‘El país ha tenido desde el 2009 hasta el 2023, 85.200 piquetes y manifestaciones. Esto representa 815 cortes mensuales, en promedio’, detalló y aseguró que ‘Esto implica una pérdida de comercios, de horas de trabajo, de posibilidades de llegar a sus empleos’.

‘Hacen los piquetes con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes, como la pérdida de un plan social, y esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de las personas, las somete. Ahí aparece la figura del organizador, que extorsiona a la gente’, especificó Bullrich.

A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía a la reunión o manifestación como una ‘congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público’. Allí se establecía que estas reuniones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria.