Este miércoles el juez Héctor Rollán, del fuero Civil, rechazó el pedido de amparo por parte del Sindicato Empleados Públicos que había sido aceptado por el juez del Octavo Civil, Walter Otiñano, y permitía que los agentes públicos dados de baja por haber sido nombrados seis meses antes de la asunción del gobernador Orrego, volvieran a su lugar de trabajo hasta que se resolviera si fueron legales esos pases a planta permanente. Pero todo cambió este miércoles cuando Rollon resolvió rechazar el amparo tras la apelación por parte del Gobierno provincial.

En la resolución, el juez Rollán, determinó tener a los amparistas por desistida de la presente acción, al haberse verificado el vencimiento del plazo de tres días para notificar a la accionada, previsto en el artículo del C.P.C. Por lo tanto ordenó el archivo del expediente, no dar trámite y/o expedirse al respecto a las demás cuestiones planteadas, por haber devenido de las mismas en abstracto atento el modo en que se resuelve el planteo principal, aclara Rollán en su resolución. Además aclaró en el fallo que los amparistas deberán pagar las costas del proceso.

Con esta resolución, lo que queda claro es que todos aquellos empleados públicos que por el decreto 62/23 firmado por el gobernador Marcelo Orrego, donde se dejaba cesante a todo aquel trabajador público provincial que fue pasado a planta permanente los seis meses previos al cambio de gobierno, sigue firme.