La UCR decidió no hacer juicio político a Alberto Fernández por la disputa por la coparticipación
El cambio llegó luego e que el jefe de Estado rectificara su posición acatando la resolución de la Justicia pagando con bonos, el que si presentó un proyecto fue José Luis Spert.
La decisión del presidente Alberto Fernández de finalmente acceder a realzar el pago por la coparticipación dispuesto por la Corte d Justica, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo a la UCR reconsiderar su pedido de juicio político al jefe de Estado.
"Dado que el presidente anunció que pagará parte de la sentencia con bonos a CABA y cumplirá así parcialmente con el fallo de la Corte Suprema", según fuentes de a bancada, es que decidieron no iniciar el proceso.
Aunque la acción llego dese el sector de Avanza Liberta, ya que José Luis Spert realizó el pedido señalando "desacato y desobediencia". Aunque el proyecto fue presentado antes que Fernández rectificara su postura e torno a la decisión judicial.
"El presidente Alberto Fernández, apoyado por los gobernadores, decidieron y le comunicaron a la población que no se iba acatar dicho fallo y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático, porque ahora, los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República no sólo desconocen los derechos de los partidos opositores, sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", argumentó en el proyecto de resolución.
En ese sentido, Espert indicó que "dichos desconocimientos en los hechos se traducen en la asunción arrogante de facto el poder total sobre los destinos del país, debido a que no reconocen a los demás estamentos de poder diseñados por la Constitución para limitar el poder de las mayorías momentáneas", lo cual "constituye un claro ataque al sistema representativo, republicano y federal".
Según aseguró, "el presidente merece la destitución por lo que ya hicieron en la pandemia, y por lo que están haciendo ahora al sistema democrático". "El desconocimiento de este fallo configura un delito contra la Constitución, en el artículo 36, arrogarse la suma del poder público. Al presidente se lo puede catalogar como un delincuente contra la Constitución”, remató el referente de derecha.