En medio de la tensión, el Gobierno de Javier Milei recrudece la disputa y apuntó contra los gremios por la marcha universitaria que se realizará este miércoles 2 de octubre. “Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo”, señalaron en un comunicado en el Ministerio de Capital Humano.

“Los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos. Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas. El Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”, siguieron.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, “nunca se desfinanció” la educación universitaria pública: “El compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme; simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron”.

“Desde el Ministerio, se asignaron más de $192 mil millones, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%). Asimismo, se asignaron partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional. La propuesta que se presentará a los gremios el lunes alinea las remuneraciones del sistema universitario con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Todo lo solicitado fue concedido”, expusieron.

Asimismo, detallaron cuánto cobran por mes algunos maestros universitarios: “Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”.

“Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores. Los que perciben salarios más bajos son los docentes de dedicación simple, que dan clase solo una vez por semana, y algunos no docentes de categorías iniciales. Los datos están disponibles y deben ser presentados con transparencia para esclarecer esta situación”, remarcaron.

En la misma línea, en el Ministerio insistieron: “Rechazamos enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo. La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes. Se transfirió todo en tiempo récord, priorizando siempre la mejora del sistema educativo”.

Sobre el final del comunicado, hicieron un punteo explicando cuál consideran que es el motivo de la movilización del miércoles: “Las universidades públicas decidieron rechazar una propuesta de aumento salarial adicional del 6,8% para el mes de octubre, equivalente a $17 mil millones mensuales y $56 mil millones acumulados hasta fin de año. Esta decisión impacta directamente en el sistema educativo, poniendo en riesgo la educación de miles de estudiantes y priorizando el conflicto por sobre la solución”.

  1. “Rechazo al aumento ofrecido: A pesar de que el financiamiento adicional fue otorgado, los gremios universitarios optaron por rechazar el incremento, lo que evidencia que este paro excede el ámbito salarial. No hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios”.
  2. “Administración ineficiente de los fondos: Las universidades recibieron $192 mil millones para gastos de funcionamiento, con un aumento del 270%. Aun así, los fondos fueron desviados hacia gastos no prioritarios, en lugar de destinarse a la mejora de la calidad educativa. Además, se asignaron $49 mil millones adicionales a hospitales universitarios, de los cuales 94,8% fue solicitado por la UBA”.
  3. “No se dejan auditar: Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos. Es importante aclarar que la afirmación sobre las supuestas auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) a las universidades no es correcta. En la actualidad, la AGN tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó 3 informes, de los cuales solo uno está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros dos corresponden a periodos auditados en 2017. Por lo tanto, no es cierto que las universidades, particularmente la UBA, tengan más auditorías que otros sectores del Estado”.
  4. “Costo de estudiantes extranjeros: El 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”.
  5. “Irregularidades académicas: Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica”.
  6. “Equidad en el sistema educativo: Las universidades públicas reflejan profundas disparidades sociales, ya que el 61,2% de los estudiantes de la UBA provienen de familias con educación superior completa, financiando así la educación de sectores privilegiados con recursos destinados a los más vulnerables”.
  7. “Transferencias rápidas y eficaces: Hoy, los fondos se transfieren a las universidades en un promedio de 4,6 días, contrastando con los 68,4 días que tomaban las transferencias en administraciones anteriores. Esto garantiza un funcionamiento fluido del sistema educativo”.