El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, estuvo en Banda Ancha y se refirió al proceso de juicio político que lo tuvo como protagonista y sostuvo que, a su entender, hubo un abuso de esta herramienta constitucional, aunque destacó que la resolución fue llevada adelante con “racionalidad, inteligencia e institucionalidad” por la Comisión Investigadora y la sala acusadora de la Cámara de Diputados.

Lima resaltó que el juicio político es una institución destinada a proteger a la ciudadanía y no a los funcionarios, explicando que su trámite está debidamente reglamentado. Sin embargo, opinó que en este caso específico, no se presentaron pruebas que justificaran las acusaciones de incumplimiento de deberes de funcionario público.

“El denunciante no presentó pruebas de la acusación. Por ejemplo, se me acusaba de ejercer la profesión (de notario), lo cual está prohibido para un magistrado según el artículo 205 de la Constitución, pero no se aportaron evidencias de que esto fuera así. La comisión investigadora, a pesar de esto, actuó de manera minuciosa y recabó información por su cuenta, mostrando una actitud meticulosa e incluso benévola con el denunciante”, explicó.

Además, destacó que las resoluciones tomadas en ambas causas fueron unánimes, lo que, según Lima, refleja la claridad con la que se abordaron los casos y la falta de fundamento de las denuncias.

Lima también fue consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional designe jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante decreto, en el caso de los magistrados Ariel Lijo y María García Mansilla. Si bien la Corte de San Juan no ha adoptado una posición oficial sobre el tema, el presidente expresó su opinión personal: “Hay un procedimiento establecido constitucionalmente para la designación de ministros de la Corte, y hay que respetarlo. No se puede realizar por decreto”.

Asimismo, recordó que la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales del país, de la cual San Juan forma parte, ya emitió una opinión respecto a la designación de jueces en el ámbito nacional, subrayando la importancia de respetar la regionalidad y la paridad de género.