El dirigente liberal Sergio Vallejos insistió con el pedido de destitución del cortista Marcelo Lima y este miércoles hizo una nueva presentación en la Cámara de Diputados. El planteo es el mismo que hizo en dos oportunidades por una supuesta incompatibilidad del actual presidente del máximo tribunal para ejercer el cargo, aunque se lo rechazaron en ambas oportunidades por cuestiones formales. La seguidilla de denuncias ya había despertado un fuerte rechazo de casi todos los actores judiciales locales y hasta el repudio del órgano que reúne a los superiores tribunales del país.

Vallejos arremete contra Lima, asegurando que nunca renunció a la titularidad de su escribanía y que eso es incompatible con el cargo de cortista y justifica la destitución. Ese es el eje central del pedido de juicio político que ingresó hoy en la mañana en la Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados, que es quien se encarga de llevar adelante los eventuales procesos de juicio político.

Así, el empresario y líder del Partido Evolución Liberal consuma su tercer intento por el mismo hecho por destituir al actual presidente de la Corte de Justicia. El primero fue en forma de ampliación del pedido de juicio político que presentó en octubre contra el propio Lima y sus compañeros Adriana García y Daniel Olivares Yapur. Cómo se lo rechazaron por entender que era un hecho nuevo y distinto al que disparó el planteo original, a los días elevó un planteo puntual que siguió la misma suerte por no haberlo ratificado por estar de viaje en China.

Las dos negativas que encontró en Diputados fueron por razones formales y no de fondo. Por eso, explicó Vallejos en diálogo con Canal 13, decidió hacer una presentación del mismo tenor, “para que los legisladores analicen ahora el grave hecho que denuncio y se expidan sobre el fondo”.

Vallejos sostiene que Lima, cuando asumió como miembro de la Corte de Justicia, no cedió la titularidad del registro notarial 22. Y asegura que retuvo ilegalmente el título del registro notarial y que eso es un grave acto de incompatibilidad, porque “la ley es clara y prohíbe que siga siendo escribano cuando ejercer el cargo de cortista”.

Lima ha preferido el silencio, pero en su entorno aseguraron que esperaba un nuevo ataque de Vallejos. Al mismo tiempo, explicaron que el cortista está tranquilo, porque tiene pruebas y documentación de sobra para demostrar que desde antes de asumir no siguió ejerciendo como escribano, que ya no está al frente del registro notarial y que no usufructúa por las actividades de ese registro. 

La embestida del excandidato a gobernador contra integrante del máximo tribunal se inició a principios del mes pasado, cuando le apuntó a Lima, Olivares y García. Los acusó, en primer lugar, de ser responsables del fallo que llevó a las nubes el valor del complejo La Superiora, lo que hizo impagable su expropiación para el municipio de Rawson. En segundo, les achacó haber autorizado la división de las elecciones provinciales del año pasado.

El planteo fue desechado por unanimidad. Los legisladores que componen la Sala Investigadora de Juicio Político coincidieron en que la denuncia “carece de bases probatorias sólidas”.   

Vallejos, que ya había adelantado que iba a seguir con las denuncias, salió con los tapones de punta. Aseguró que estaba decepcionado de los diputados, acusó a los cortistas de haber llegado al cargo por el sólo mérito de ser peronistas y señaló que operaron en el parlamento sanjuanino para que su denuncia tuviera destino de archivo.

En el Poder Judicial no se quedaron callados. Como si fuera un coro finamente dirigido, el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (Confias), el gremio de la Unión Judicial y el Colegio de Magistrados salieron el mismo día a cuestionar a Vallejos y sin nombrarlo, afirmaron que hay un abuso en el uso del instituto de juicio político. 

Incluso, el tema tuvo repercusión nacional. A los pocos días, la Junta Federal de Cortes (Jufejus) también se manifestó tras el rechazo de las denuncias de Vallejos. Entre otras cosas, sostuvo que “la desnaturalización del juicio político se aprecia como un inaceptable atentado contra los principios fundantes del sistema republicano”.