Un barrio que no se hizo. 67 lotes vendidos. Millones de pesos en el medio. Y cientos de personas pidiendo respuestas, persiguiendo el sueño de la casa propia. Ese mismo que un día parecía encaminarse tras comprar las carpetas. Y un gremio que por ahora no brinda la solución. Esa es la situación de decenas de familias que le pidieron al gremio UDAP una respuesta y solución, algo que por ahora no llegó.

Se trata del barrio Maestro Carlos Fuentealba I, que se vendieron las carpetas de preadjudicación de los 67 lotes, pero al día de hoy el terreno no presenta urbanización ni avance el proyecto, según dijeron desde la parte perjudicada.

Raúl Rivero es uno de los preadjudicatarios que encabeza la lucha de las personas que en su momento pagaron 1 millón de pesos (luego aparecieron 10 lotes más que se pagaron al doble, dijeron).

‘Esto fue un proyecto de UDAP, no de Lucero (Luis, el Sec. Gral anterior) ni de la señora Quiroga (Patricia, actual Sec. Gral.), o sea, en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer entender y hacer este que el gremio ponga un poco en empatía con los preadjudicatarios porque en realidad nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie’, explicó Rivero.

El damnificado contó que el barrio se trata de un proyecto en un espacio que pertenecía al Camping de UDAP, pero que se vendió para poder hacer el loteo y fue comprado por estos afiliados al gremio que adquirieron las carpetas. En simples palabras, una parte del camping se vendió para hacer en ese lugar loteos que darían lugar al barrio Fuentealba I.

‘El gremio tenía una situación compleja económicamente y esa situación compleja en lo que es la parte económica, hizo que de alguna manera se intentara salvar esa situación económica. Entonces, la gestión anterior ideó hacer un proyecto con la empresa Scop e hicieron un proyecto de barrio’, dijo Rivero y añadió que ‘UDAP cuando hizo esto, más bien pensó en cómo salvar sus cuentas’.

Las declaraciones del damnificado responden a que el gremio se habría alzado al menos con 67 millones de pesos correspondientes a las personas que fueron a cancelar la compra de la carpeta a mediados de 2023.

La situación es que desde entonces hasta ahora no hubo avance y es lo que reclaman los damnificados, a quienes ahora mencionan que les pidieron sumas millonarias para poder realizar la urbanización del terreno y poder cederlo al Estado para que haya una posibilidad de que el gobierno, mediante convenio, pueda construir las viviendas.

Raúl contó que desde UDAP les pidieron 17 millones de pesos a cada preadjudicatario para que puedan realizar la urbanización. Es significa que el gremio recibiría a razón de ese monto por los 67 preadjuficatarios, un total de $1.139.000.000 (mil siento treinta y nueve millones de pesos).

El monto millonario que presuntamente le pidieron a los afectados, puede ser abonado en cuotas, les dijeron y podían hacerlo en 18 cuotas de 900 mil pesos o 30 cuotas de 500 mil pesos, números que en su totalidad se encuentran por debajo de los 17 millones que les habrían pedido de contado. La realidad es que cualquiera de las cuotas está lejos de poder ser alcanzada por los docentes, quienes además deben afrontar el costo de un alquiler, contó Rivero.

Los damnificados presentaron la semana pasada una nota en UDAP y aguardan una respuesta y el avance en los trámites.

‘A nosotros no nos interesa que la obra pública se vea parado. Lo que nos interesa es que continúe los pasos que debería haber hecho. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales en 2023 demora su gestión la donación efectiva del terreno al IPV? O sea, ella (Patricia Quiroga) no sólo tiene que donar este terreno, sino que tiene que presentar el proyecto de ejecución del barrio que está hecho entre el gremio y la empresa contratista. O sea, lo que ella tiene que hacer como gestión es presentar la carpeta del proyecto y presentar y donar el terreno. Después si la obra pública no arranca, ya es una responsabilidad del gobierno provincial, pero su responsabilidad como gremio es cumplir con lo que ya se había pactado, que es la presentación de un proyecto al IPV con la donación del terreno’, sentenció Rivero.

La situación la debe aclarar el gremio UDAP, quienes son los apuntados por los presuntos damnificados. Este medio intentó comunicarse con la Secretaria General del gremio, pero los llamados telefónicos no fueron respondidos.