Después de haber sido blanco de atención, las empleadas del área de Desarrollo Humano que estaban bajo sospecha de destruir documentación, finalmente han sido exoneradas de la causa penal. El fiscal Iván Grassi, a cargo de la investigación, descartó la acusación, concluyendo que no se cometió ningún delito. 

Según fuentes judiciales, Grassi decidió desistir de continuar la acusación basándose en los descargos de las autoridades de la repartición y la documentación hallada, la cual no infringía ninguna normativa.

Las acciones de las empleadas sospechosas no afectaron ningún bien jurídico protegido. Por ende, desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, se cerró el caso con una resolución fechada el 16 de febrero. En resumen, se confirmó la ausencia de delito por parte de las empleadas defendidas por los abogados Agustín Idemi y Guillermo Toranzo.

A pesar del revuelo causado por el allanamiento a las oficinas del Centro Cívico el 3 de enero de este año, las implicadas nunca fueron formalmente imputadas ni tuvieron que comparecer ante un juez de Garantías, ya que el expediente no fue formalizado en ese momento.

El incidente se desencadenó cuando se observó a Tejada y Armand realizando ciertas acciones que levantaron sospechas. Aunque explicaron que estaban retirando sus pertenencias para dar lugar al nuevo personal, la respuesta no fue suficiente y dos funcionarios activaron el proceso judicial. En última instancia, las bolsas de basura contenían solo desperdicios, no documentos relevantes.