Este miércoles, el Ministro de Producción, Gustavo Fernández, pasó por Cien por Hora para hablar sobre la situación de los vecinos que se han instalado en terrenos en el Departamento Rawson, y que afirman haber recibido una orden de desalojo. En su intervención, el ministro detalló los antecedentes del conflicto y las irregularidades cometidas en el uso de las tierras, destacando el rol del Ministerio de Producción en la administración de estas parcelas.

"Es necesario dejar en claro varios puntos," comenzó diciendo Fernández. "Estas tierras están ubicadas en la zona de Colonia Sarmiento, en el Médano de Oro, y son parte de un parcelamiento enmarcado dentro de una ley de tierras fiscales que asigna alguna responsabilidad al Ministerio de la Producción en su administración. Estas parcelas tienen como destino exclusivo el uso agrícola."

Según explicó el ministro, estas tierras se otorgan con la finalidad de desarrollar proyectos agropecuarios, y los adjudicatarios deben cumplir con dicho objetivo para acceder a la escrituración.

"Los adjudicatarios pueden solicitar la escrituración solo si cumplen con el proyecto agropecuario para el que aplicaron," agregó Fernández.

El conflicto se originó hace varios años, cuando algunas personas comenzaron a tomar posesión de parcelas que habían sido desadjudicadas por incumplimiento de los proyectos originales. "Lo que ha ocurrido desde el 2015 o 2016 es que algunas personas se han arrogado la propiedad de estas tierras, loteándolas y comercializándolas para fines que no están permitidos," señaló el ministro.

En 2022, algunos compradores de estos lotes ilegales se presentaron ante el Ministerio para solicitar la escrituración de los terrenos. Sin embargo, Fernández aclaró que dicha solicitud fue denegada por las irregularidades en el uso de la tierra. "No se trata específicamente de una orden de desalojo. Lo que hemos hecho es denegar los pedidos de escrituración porque es imposible legalizar estos loteos según la ley de tierras fiscales."

El ministro también subrayó la gravedad de la situación: "Esos lotes no cuentan con nomenclatura catastral, no están inscritos en Catastro, y no son terrenos destinados para recreo o uso residencial."

Finalmente, Gustavo Fernández  dijo que la responsabilidad de regularizar estas tierras recae en el cumplimiento estricto de las normativas vigentes y en garantizar que las parcelas se utilicen únicamente para los fines agrícolas establecidos por ley. "Lo que estamos haciendo es comunicarles a los ocupantes que están haciendo un uso ilegal del terreno. Las leyes son claras en este sentido, y vamos a seguir trabajando para que se respeten."

"Indudablemente, hay una situación irregular que deberá investigar la Justicia," afirmó el ministro. "Ya hay denuncias de particulares pidiendo que se investigue una posible estafa por parte de quienes vendieron los lotes."

El conflicto se originó cuando algunas personas vendieron parcelas que no cumplían con los requisitos de la ley de tierras fiscales, lo que llevó a que los compradores solicitaran la escrituración de dichos lotes ante el Ministerio de Producción. Sin embargo, Fernández aclaró que desde el Ministerio no se tiene el poder para llevar adelante desalojos, ya que es una responsabilidad que recae en la Justicia. 

"Lo que hemos hecho desde el Ministerio de la Producción es concluir los expedientes, denegar la escrituración, informarles la situación de irregularidad, y pedirles que pongan a disposición del Estado Provincial nuevamente esos lotes," explicó.

El ministro también destacó que el problema principal radica en el uso indebido de las tierras. "Estamos hablando de inversiones de tipo recreativo, no de familias en estado de precariedad," aseguró Fernández. "Hay construcciones como piletas, quinchos, e incluso canchas de fútbol en lotes que deben ser destinados exclusivamente para actividades agrícolas.", sumó. 

A lo largo de la entrevista, Fernández reiteró que la responsabilidad de resolver esta situación está en manos de la Justicia y de la Fiscalía de Estado, que ya ha comenzado a investigar las denuncias presentadas por los compradores. "Evidentemente, lo que ocurrió aquí es una posible comisión de un delito de estafa entre particulares. Se vendieron tierras que no pueden ser utilizadas para el fin que los compradores pretenden darle," agregó el ministro.

El titular de la cartera de Producción subrayó que esta situación debió haber sido advertida mucho antes por las autoridades. "Cuando asumimos, nos encontramos con este problema, y nos llevó tiempo estudiar y resolver cada caso. Ahora, estamos procediendo a notificar a los ocupantes y, si es necesario, daremos intervención a la Fiscalía y a la Justicia," señaló.

Para finalizar, Fernández lamentó la situación de los compradores, quienes podrían haber sido engañados en su buena fe. "Claramente, han pagado por tierras que no pueden ser utilizadas para el destino que desean," concluyó el ministro, haciendo hincapié en la necesidad de que la Justicia determine responsabilidades antes de que las tierras puedan ser liberadas y restituidas a su uso legítimo.