El viernes por la tarde, durante su participación en el programa Más Allá de las Noticias, el intendente de la Ciudad de Rawson, Carlos Munisaga, expuso los detalles del complicado proceso judicial en el que se encuentra inmerso el departamento. La disputa se centra en el pago de una millonaria suma de dinero por la expropiación del terreno donde actualmente se ubica el complejo La Superiora, un espacio vital para la gestión de emprendimientos, ferias y actividades culturales del municipio.

Munisaga comenzó explicando el proceso de obtención del lugar donde se instauró el complejo: "Una adquisición forzada de un inmueble en 2012 estableció la decisión de adquirir ese territorio, donde hoy tenemos un complejo cultural y deportivo muy importante para la comunidad, con museos, instalaciones deportivas y sociales, de gran envergadura para la sociedad" añadió sobre el espacio. 

Según el intendente, el conflicto surgió a partir de la indemnización por esta adquisición forzada. Munisaga detalló que el proceso incluyó "una instancia previa al juicio en la que administrativamente se trató de llegar a un acuerdo". En esa parte administrativa, la tasación fue de 5.800.0000 pesos. Sin embargo, este monto fue objeto de disputa.

El Tribunal de Tasaciones evaluó nuevamente el valor y determinó que el valor era de 6.8 millones, lo cual llevó el caso a juicio. El intendente señaló que "se pagó el 85% y se llevó a juicio para discutir un valor justo".

La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de primera instancia, estableciendo el valor que estableció Tasaciones pero con tasa pasiva, lo que fue insuficiente para las partes agraviadas. Munisaga explicó que "cuando la situación llegó a la Corte de Justicia, en el medio hubo un cambio en la ley de expropiaciones, incorporando el artículo 20 bis que habla del valor real y actual del inmueble para evitar prejuicios derivados del valor histórico".

La Corte Suprema decidió que "no corresponde la tasa pasiva" y que el valor real y actual debía ser determinado para asegurar una indemnización justa. La Corte ordenó a la instancia inicial que "actualizara el valor para garantizar el derecho de propiedad".

El intendente subrayó que "el problema se genera y donde nosotros vemos la afectación grave a la defensa de los intereses del municipio es a partir de la ejecución de esa sentencia". Aunque se podía haber planteado un recurso extraordinario federal, Munisaga comentó que "los criterios de la Corte Suprema de la Nación podrían haber puesto en duda las posibilidades de éxito del recurso".

Finalmente, el jefe comunal enfatizó que "lo grave es la defensa que se omite en la instancia en donde empieza la ejecución de esa sentencia para determinar ese valor, porque la jueza de primera instancia cuando recibe la causa nuevamente debe determinar un valor actualizado".

Ahora Rawson está atento al desenlace de este proceso judicial, que impacta directamente en la gestión y los recursos del municipio, mientras se busca una resolución que equilibre los derechos del propietario con los intereses del bien común.