Un grupo de familias de San Juan denunció en Diario 13 haber sido estafado por la mutual SMATA en la compra de carpetas para la adquisición de terrenos destinados a viviendas en el departamento Santa Lucía. Según los denunciantes, se enteraron que los terrenos nunca formaron parte de los planes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ni contaban con los acuerdos necesarios para su desarrollo. Esto dejó a las familias sin respuestas y con sus sueños de tener una casa propia truncados.

"El barrio no estaba en los planes del IPV", señaló Belén Chaves, una de las damnificadas. Relató que las familias adquirieron carpetas a partir del 2018 a la mutual SMATA, para terrenos ubicados en calle Libertador y esquina Urquiza, en Alto de Sierra. Sin embargo, en el 2019 se les informó que esos terrenos no estaban destinados a viviendas, lo que generó una gran incertidumbre entre los compradores.

Las familias quedaron sin respuestas más allá de reclamar. “La mutual siguió vendiendo carpetas para lotear, pero nuestras ilusiones se rompieron”, dijeron. Ellos buscan que les devuelvan lo que invertimos o que se haga la construcción para cumplir el sueño de la vivienda propia.

Las complicaciones aumentaron cuando la mutual intentó avanzar con el proyecto. Según explicó Chaves, el trámite para la aprobación del barrio en el área de Planeamiento sufrió varias correcciones, lo que retrasó su avance. Para cuando la empresa constructora intentó retomar el proceso, la ordenanza municipal N°2995, que modificaba la zonificación de los terrenos, les negó la factibilidad de uso del suelo.

“Por este motivo, las familias presentaron notas solicitando la excepción de la ordenanza a la municipalidad, además de pedir la intervención del Ministerio de Obras Públicas y del IPV”, comentó. Sin embargo,"todas las respuestas fueron negativas, a pesar de que el IPV está excluido de cualquier restricción de zonificación", agregó.

La ordenanza en cuestión cambió la zonificación de los terrenos, dividiéndolos en dos áreas: una parte quedó como zona residencial, donde los terrenos para viviendas deben superar los 400 m², y otra como zona rural, donde los lotes deben ser de más de 1500 m². Este cambio impide la construcción de viviendas sociales, las que comúnmente construye el IPV.

Otra vecina afectada, que también adquirió una carpeta para los terrenos, afirmó que las familias se sienten desamparadas. "Nos dijeron que no se iba a hacer la excepción para construir el barrio, y que la mutual debía vender esos terrenos y adquirir nuevos para desarrollar las viviendas", explicó.

Según los vecinos, se habían vendido entre 100 y 120 carpetas, de un total de 170 viviendas proyectadas. “La mayoría de quienes compramos ya habíamos visto otros barrios de la mutual que fueron entregados, y nos enteramos de este proyecto que se llamaría Urquiza I y II”, sumó. Luego mencionó “Todo parecía estar en marcha, pero la ordenanza del municipio frenó el avance”.

El grupo de familias afectadas insiste en que lo que buscan es una solución concreta por parte de la mutual. "Esperamos alguna alternativa. Apelamos a la buena voluntad del municipio para que no nos perjudique y nos permita avanzar con la construcción de nuestras viviendas", concluyeron.