El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, junto a al ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis, el fiscal general, Eduardo Quattropani y el jefe de la Policía de San Juan, Luis Martinez, llegaron a Jáchal con motivo de la puesta en vigencia del sistema de Flagrancia.

En la oportunidad, realizaron una capacitación a personal policial y judicial sobre el sistema, a cargo del fiscal coordinador, Daniel Guillen y los ayudantes de fiscal Raúl Iglesias y Mariano Correa.

Baistrocchi dijo que la extensión de Flagrancia es importante porque “es lo que se viene, el sistema acusatorio y de oralidad, que estará pleno cuando cobre vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal”. 

El sistema de Flagrancia viene dando resultados positivos San Juan, dado que los delincuentes atrapados in fraganti son enjuiciados de manera exprés, por lo que se evita que acumulen causas sin resolución. De esa manera, al tener sentencias, si vuelven a cometer hechos ilícitos van a la cárcel y se elimina la llamada "puerta giratoria".

Desde el 9 de agosto hasta el 29 de enero, 382 personas recibieron sentencias, de las cuales, 234 fueron condenatorias. En diciembre pasado, el Ejecutivo había adelantado que presentarían la ampliación a Jáchal e Iglesia en sesión extraordinaria, cosa que finalmente sucedió. Es que ambos departamentos, que conforman la Segunda Circunscripción Judicial, habían quedado afuera del proyecto inicial.

Según explicaron el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y el fiscal general de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, la investigación estará en manos del representante del Ministerio Público de Jáchal y un ayudante fiscal. Ante la realización de una medida urgente, como un allanamiento, el pedido podrán hacerlo ante los jueces de Paz de Iglesia o del departamento norteño. Los detenidos bajo el sistema de Flagrancia serán juzgados en los Tribunales de Capital. 

El espíritu de la nueva normativa apunta a que todas las audiencias que se lleven adelante en procesos declarados flagrantes sean multipropósito. Esto quiere decir que no solamente se resuelva sobre la medida coercitiva que pueda pesar sobre el acusado sino que también se analice la posible aplicación de institutos, como ser la suspensión del proceso a prueba o un acuerdo de juicio abreviado para cerrar el caso o bien tomar la decisión de llevarlo a juicio en un término que no puede superar los 40 días.

Cabe destacar que los sistemas procesales actuales tienen como fin la gestión de la conflictividad, alejándose de la cultura del expediente y de la burocracia, para poder resolver de manera mucho más rápida y efectiva los conflictos penales. De esta manera, no sólo se da pronta respuesta al acusado y, consecuentemente, a la víctima sino que además favorece a la descompresión del sistema judicial.

En noviembre pasado se le introdujeron cambios e incorporó más delitos. Uno de ellos fue la usurpación de terrenos o viviendas, por lo que aquellos que sean descubiertos mientras llevan a cabo esa práctica serán detenidos y juzgados rápidamente. Eso no fue lo único, ya que también se agregaron los hechos por tenencia y portación ilegal de arma de uso civil y de guerra. Pero además y fundamentalmente, también quedó agregado el robo agravado con el uso de arma de fuego apta para el disparo, que había quedado fuera de la primera redacción de la norma.