La Corte ordenó la destrucción de 366 armas de fuego incautadas
Se dictaminó gracias a una resolución judicial, las armas serán transportadas a Buenos Aires para su destrucción definitiva.
En un importante avance hacia el control y la eliminación de armas ilegales, la Sala Tercera de la Corte de Justicia de San Juan resolvió la entrega de 366 armas de fuego a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para su destrucción definitiva. Esta medida, enmarcada en el cumplimiento de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 25.938 y la Ley Provincial N° 7.799, busca asegurar que este material peligroso quede fuera de circulación de manera permanente.
El proceso que culminó con la entrega de las armas comenzó con un detallado relevamiento y catalogación de las mismas, las cuales habían sido secuestradas en operativos policiales por su vinculación con distintos delitos o debido a la falta de documentación legal que amparara su tenencia. La Oficina Judicial Penal de San Juan y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, división San Juan, fueron las instituciones encargadas de la coordinación de esta tarea, la cual demandó una meticulosa revisión para asegurar la transparencia y el adecuado control en todo el procedimiento.
El operativo también contó con el respaldo de importantes fuerzas de seguridad, como la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, que desempeñaron un rol crucial en el traslado seguro de las armas hasta Buenos Aires, donde serán destruidas. Este procedimiento se llevó a cabo siguiendo estrictas medidas de seguridad, con el fin de garantizar que las armas no puedan volver a ser utilizadas en ningún tipo de actividad ilícita.
La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan también participó activamente en el proceso, brindando colaboración en la logística y coordinación de las acciones entre las distintas agencias involucradas.
El destino de las 366 armas, ahora bajo el control de ANMaC, será la destrucción total, lo que asegura que estos elementos, ligados a actos delictivos o sin respaldo legal, nunca vuelvan a representar una amenaza para la seguridad pública.