La Provincia de San Juan formó parte del Consejo Federal de Zonas Francas que sesionó en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En esta reunión se firmó el proyecto final de reforma a la ley Nº 24.331, tras 25 años de una normativa que no responde a las necesidades de estas áreas productivas en el país.

Este proyecto de ley resulta ser moderno y busca que las zonas francas sean una herramienta dinámica para facilitar el comercio, reducir tiempos y costos, generar mayor transparencia y mejores controles, como así también simplificar los procedimientos aduaneros para facilitar el intercambio de bienes y servicios.

En representación del Gobierno de San Juan participó el secretario de Política Económica del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, Alejandro Moreno, quien destacó que en un primer momento, se formalizó la incorporación de dos provincias y CABA al Consejo Federal. Posteriormente los presentes firmaron por unanimidad el proyecto de modificación Ley Nacional Nº 24.331 de Zona Franca; en este sentido, el proyecto consensuado por las 17 provincias y CABA ya se encuentra listo para ponerlo a consideración del Ejecutivo nacional.

La reforma de esta legislación resulta fundamental para las empresas argentinas. Las zonas francas, cuentan con una normativa adecuada, juegan un rol primordial en las exportaciones de bienes y servicios, en la atracción de inversiones y en la generación de empleo.

Entre otros temas, se analizó el impacto de la decisión 33 del Mercosur que dispone que las mercaderías originarias del bloque no perderán la exención del arancel intra-zona si pasan por una zona franca controlada por un país miembro.

Esto permitirá almacenar sin perder el certificado de origen, sin embargo los miembros del Consejo expresaron que las zonas francas no son sólo lugares de almacenamiento sino también espacios para producir y agregar valor para bienes y servicios.

Entre los cambios previstos, se plantea que lo producido en zona franca ingrese al territorio aduanero general pagando el arancel sólo sobre el componente importado y no sobre la totalidad como se hace actualmente.

Esa medida se combinaría con la "tarifa invertida", donde se grava la porción extranjera del producto terminado con la alícuota correspondiente a la importación de los insumos o piezas, siempre que sea menor a la alícuota del bien final.

También se propone la armonización de los beneficios con los de la ley de economía del conocimiento, de manera que las empresas radicadas en las zonas francas tributen la alícuota reducida (15%) del impuesto a las ganancias.

Este tema fue volcado en un documento consensuado por todos los presentes a fin que se haga efectivo el tratamiento legislativo para la creación de una secretaría de zona franca o algún otro organismo similar que tenga a su cargo el fortalecimiento a nivel nacional de las zonas francas como ejes fundamentales del comercio internacional.