Este viernes, la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, supervisó el traslado de aproximadamente 600 archivos vinculados a la dictadura desde la Escuela de Policía al Archivo de la Memoria, ubicado en el subsuelo sur del Centro Cívico. Estos documentos, relacionados con causas de lesa humanidad, habían sido utilizados como pruebas en procesos judiciales y ahora, tras ser liberados por la justicia, serán resguardados en el nuevo archivo.

La ministra destacó la importancia histórica de este traslado, asegurando que los documentos estarán siempre disponibles para futuros requerimientos judiciales. Además, el proceso se está realizando con estricta custodia policial y la participación de organismos de derechos humanos que fueron invitados a acompañar el traslado.

En cuanto a los reclamos de choferes autoconvocados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por supuestas deudas salariales, Palma afirmó que el gobierno no tiene injerencia directa en estas relaciones laborales, ya que se trata de acuerdos privados entre las empresas y los trabajadores. Sin embargo, aseguró que el subsidio comprometido por el gobierno provincial se ha cumplido en su totalidad, permitiendo que las tarifas de transporte se mantengan estables.

Aunque la ministra subrayó que el gobierno garantiza el servicio de transporte público y que cualquier incumplimiento debe ser denunciado ante los organismos laborales correspondientes, no descartó que en diciembre se convoque una reunión para analizar posibles ajustes tarifarios de cara al 2025, dependiendo de los cambios en la estructura de costos.

Sobre la apertura del Paso de Agua Negra, Palma informó que, aunque hubo retrasos debido a problemas en el lado chileno, se espera que esté habilitado antes de diciembre. Las gestiones están siendo realizadas por Cancillería y las autoridades chilenas en conjunto con la provincia.