La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control dependiente de la Casa Rosada, comenzará una auditoría exhaustiva sobre los comedores comunitarios y merenderos que fueron registrados en el ReNaCoM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos) durante la gestión de Alberto Fernández. Este relevamiento tiene como objetivo investigar la posible existencia de "comedores fantasma", que recibieron alimentos financiados por el Estado, pero que no prestaron asistencia a la población vulnerable.

Según los últimos registros, más de 40.000 comedores y merenderos estaban preinscriptos en el ReNaCoM, muchos de ellos vinculados a movimientos sociales y piqueteros. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció ante la Justicia que varios de estos establecimientos “no existían” y, a pesar de ello, recibieron toneladas de alimentos. “Solo el 7% de los comedores que recibían bolsones con alimentos rendían cuentas de la asistencia millonaria que obtenían”, afirmó Pettovello.

El Gobierno auditará cientos de comedores que eran controlados por piqueteros

El ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posee, explicó durante una presentación en el Parlamento que, en febrero de 2024, se puso en marcha un relevamiento de los comedores registrados. Hasta abril de ese año, se verificaron 2.193 espacios, de los cuales 1.161 fueron identificados como comedores o merenderos. Sin embargo, más de 1.000 no pudieron ser localizados o presentaban irregularidades. Posee precisó que "el 33% no funciona más como comedor o merendero, en el 25% los datos de la preinscripción no coincidían con la realidad, y en casi el 16% nunca hubo comedores en las direcciones declaradas".

Este problema se agrava con los nuevos datos publicados por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo. En un lapso de tres meses, de los 3.385 comedores auditados de manera presencial, se constató que casi el 48% nunca funcionaron o dejaron de operar, y que el 27% de las inscripciones contenían información falsa.

Tras el inicio de las auditorías impulsadas por Javier Milei desde el 10 de diciembre de 2023, se descubrieron graves falencias en los programas administrados por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de figuras como Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz. Entre las principales irregularidades se detectaron la ausencia de un mapa de riesgo nutricional y problemas en la rendición de cuentas de la Tarjeta Alimentar y los comedores escolares.

Estas denuncias están caratuladas bajo los cargos de "defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público". Además, se investigan las responsabilidades de los ex funcionarios encargados del control de los comedores registrados en el ReNaCoM y de aquellos que administraban los recursos alimentarios del ex Ministerio de Desarrollo Social.

Uno de los puntos más preocupantes que surgió de las auditorías ya realizadas es la "falta de controles" en la trazabilidad de los alimentos distribuidos. Se estima que entre 12 y 14 toneladas de alimentos eran entregadas mensualmente a organizaciones sociales vinculadas al ex oficialismo, como la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Polo Obrero. Según la auditoría de la SIGEN, los alimentos en muchos casos no llegaron a las familias vulnerables, sino que habrían sido desviados para otros fines, como el desarrollo territorial de estas organizaciones o para mantener la movilización en protestas sociales.