Esta semana que pasó trascendió la noticia de que la Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar a una presentación del Cacique Román Elías Guitian efectuada en el año 2021. La misma es un amparo cuestionando la actividad minera sobre el Salar del Hombre Muerto.

El máximo tribunal ordenó al gobierno provincial no otorgar más permisos y/o autorizaciones para la actividad sobre el Río Los Patos. Lo que los magistrados en votación dividida dispusieron es que el Estado entregue un informe "acumulativo e integral" de todos los proyectos que se desarrollan en la zona. 

Las empresas y el gobierno de Catamarca deberán trabajar en un informe que al ser analizado por la Justicia determinará si es posible continuar ampliando la explotación del Litio o no. Esto por muchos es considerado como un riesgo para el futuro de la explotación del conocido como oro blanco y el desarrollo que aporta. 

El Cacique Guitian se presentó en su oportunidad ante la justicia por derecho propio como representante de la  Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano con un defensor público oficial ante el Juzgado Federal sito en la provincia de Catamarca en contra del Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) y de la provincia de Catamarca.

La información publicada establece que la presentación solicitó que se ordene la suspensión de la ejecución de los proyectos de  “Ampliación de proyecto Fenix” y “Sal de Vida”, de las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente, y de todo otro proyecto de litio que esté situado en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, compartida entre las provincias de Salta y Catamarca.

Esta suspensión debería extenderse hasta que se entregue una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa determinando la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla. Solicitaron la participación de organismos ambientales nacionales y de representantes de la comunidad aborigen en todo el proceso, algo que denunciaron hasta ahora no había ocurrido. 

La presentación en definitiva también hace hincapié en que la provincia de Catamarca no respetó los pasos que debía cumplir para otorgar los permisos de explotación en las cuencas hídricas mencionadas. No se garantizó la participación de la comunidad ni consulta pública, ni evaluación de impacto ambiental. Tampoco se respetaron los derechos establecidos por ley a las comunidades nativas algo que se le cuestionó al estado nacional que está establecido por ley.

 El Juez Figueroa Vicario, uno de los miembros de la Corte de Catamarca que se expresó en el fallo, estableció que “Todos los proyectos mineros, en sus diferentes etapas, inciden sobre la misma zona, y no se advierten acciones tendientes al estudio de impacto ambiental de forma integral y acumulativa, como lo exige a modo de presupuesto mínimo la materia ambiental, a fin de poder conocer la situación real y potencialmente riesgosa o dañina”.

En otro de los párrafos de su argumentación estableció: “Surge por las autorizaciones concedidas a la minera proyecto Fénix para construir una represa de agua para captar agua del Río Trapiche y utilizarla en su producción, existe alteración del mismo y del ecosistema de la zona por la inexistencia de cause de agua, debido a su sequía como consecuencia directa del desarrollo de la actividad minera y que se encuentra en proceso de restauración, según el informe brindado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera”. 

Luego de darse a conocer la resolución de la justicia catamarqueña que reaviva un debate sobre las licencias para la actividad minera, no sólo técnicas sino también sociales, una de las empresas mineras aludidas aseguró que la decisión judicial no afecta la actividad ni la expansión. 

Se trata de Arcadium Lithium, que nació de la fusión entre Livent y Allkem, que opera el denominado proyecto Fénix y Sal de Vida.  

El comunicado establece que "El fallo judicial no afecta las operaciones mineras existentes ni las actividades de expansión" y que todos los permisos y evaluaciones de impacto ambiental de la empresa "siguen siendo válidos".

Manuel Gómez Bello es presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca y aseguró que "hemos recibido numerosos mensajes de trabajadores y empresarios preocupados por la situación en la comunidad minera". La entidad que conduce emitió un mensaje en su sitio web estableciendo que "6000 puestos de trabajo están en juego lo que representa oportunidades para numerosas familias. Aunque enfrentamos desafíos, estamos decididos a maximizar el potencial de la actividad minera para el progreso de Catamarca". 

Con información de Infobae- El Esquiú