Un caso insólito sucedió en la Justicia penal, ya que anuló la condena contra Gilda Rosalía Acosta Duarte, la mujer de 51 años que mató a golpes a su marido y lo sepultó con cemento en el ropero de su casa. El hecho que causó conmoción sucedió en Lomas de Zamora.  Acosta Duarte ahora deberá ser juzgada en un nuevo proceso.

El hecho ocurrió en diciembre del 2018, pero fue descubierto en febrero del 2019. Antes de entregarse a la policía, ella dijo: “Maté a mi pareja y la puse en un ropero con cemento. Lo hice porque abusó de mi hijo de 13 años”. De acuerdo con las pericias,  Gilda aprovechó que su marido estaba dormido, agarró una mancuerna de 10 kilos y lo golpeó varias veces en la cabeza. Después, lo estranguló con un cable del ventilador.

Los agentes fueron a la casa y encontraron los restos de Richard Sánchez Escobar (28), enterrados en un ropero, tapado con cemento y una sábana. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. En el 2022, ella fue condenada por  jurado popular, por el delito de “homicidio agravado por ser o haber sido su pareja conviviente, con circunstancias extraordinarias de atenuación”, y la sentenciaron a la pena de 11 años y seis meses de prisión, con arresto domiciliario hasta que quedara fija la condena.

Sin embargo, la defensa apeló señalando la imputada era víctima de violencia de género, ya que sufría maltratos psicológicos y físicos por parte de su esposo. También pudieron comprobar que el hombre abusaba de sus hijos. Para los jueces Fernando Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan, “el Tribunal no instruyó debidamente a los miembros del Jurado Popular acerca del análisis que correspondía hacer en el caso concreto, esto es, con perspectiva de género y a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las mujeres”.

Según el fallo resolutorio de Casación, quedó acreditado en el juicio que Acosta era víctima de violencia por parte de su marido, y que había “un vínculo asimétrico” entre ambos. También dice que el hombre la amenazaba con matarla si le contaba a sus familiares sobre los abusos. Por ello pidieron la nulidad absoluta del pronunciamiento y que no se haga un nuevo juicio para no “revictimizar” a la acusada. Además, planteó que no hubo capacitación de la “Ley Micaela” para el jurado popular. Por eso, pidió la absolución de la imputada. De este modo, Casación decidió anular el veredicto de culpabilidad. Ahora Gilda, que estaba cumpliendo condena bajo el beneficio de prisión domiciliaria controlada con tobillera electrónica, será juzgada en un nuevo proceso.