. La sentencia responde a su responsabilidad en el caso de fraude relacionado con la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

La decisión, emitida en un fallo de más de 1600 páginas, fue confirmada este miércoles en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py, con la presencia de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes ratificaron el fallo inicial. El juez Gustavo Hornos, en cambio, consideró que se debía agregar a la condena el delito de asociación ilícita, como solicitó la Fiscalía, pero no obtuvo el respaldo de sus colegas en la Sala IV de Casación.

En el marco del fallo, se confirmaron también las penas de otros involucrados en el caso. Lázaro Báez, empresario beneficiado por las licitaciones, recibió la confirmación de su sentencia, al igual que José López, ex secretario de Obras Públicas, y Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, ambos condenados a seis años de prisión. Por otro lado, se dictaron las absoluciones de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas.

Aunque el fallo ha sido ratificado por la Cámara, aún no tendrá efectos concretos, ya que las partes cuentan con 10 días hábiles para apelar la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Será la Corte quien tenga la última palabra y, si ratifica la sentencia, el fallo quedará firme y será ejecutado. Sin embargo, la Corte Suprema no tiene un plazo definido para emitir su decisión.

El caso juzgado involucra una serie de licitaciones públicas realizadas entre 2003 y 2015 para la construcción de obras viales en Santa Cruz. Según las investigaciones, durante este período las licitaciones se adjudicaron casi exclusivamente a empresas vinculadas a Báez, quien construyó un emporio empresarial gracias a los contratos viales. Los responsables de estas licitaciones, en su mayoría, pertenecían a la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, que operaba bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El fallo expone que funcionarios como Nelson Periotti y José López convalidaron y promovieron irregularidades en los procesos de licitación y ejecución de las obras, perjudicando gravemente los recursos públicos. En esta maniobra, se destaca el rol de Cristina Kirchner, quien, mediante el Decreto PEN 54/09, permitió la financiación directa de las obras adjudicadas a las empresas de Báez. La Fiscalía determinó que el monto total del perjuicio económico para el Estado alcanza aproximadamente 84.000 millones de pesos.

Además de las condenas a los principales responsables, la Sala IV de Casación ordenó el decomiso de los 84.000 millones de pesos correspondientes al perjuicio causado.

La confirmación de esta sentencia marca un hito en el extenso caso judicial que involucra a la ex presidenta y otros ex funcionarios de su gobierno. En el transcurso de los próximos días, la defensa de los condenados tendrá la oportunidad de presentar su apelación ante la Corte Suprema, mientras tanto, la ratificación de la sentencia por parte de Casación resuena en el ámbito político y judicial, en medio de expectativas por la respuesta final del máximo tribunal.