Un fuerte revuelo se generó en las redes sociales el pasado 1 de enero, cuando una usuaria denunció públicamente la muerte de una perra callejera en una verdulería ubicada en Rawson. El caso generó una ola de indignación, escraches virtuales y físicos, y hasta la clausura del local comercial involucrado, ubicado en Lemos y Boulevard Sarmiento.

Este viernes, Julio Gallo, el comerciante acusado de haber matado al animal, negó rotundamente haber cometido el hecho en su declaración ante el juez Eugenio Barbera.

“Yo no maté a esa perrita, sería incapaz de matar a un perro. Soy inocente y mi abogada tiene todo el material para probarlo”, expresó ante el magistrado.

El juez otorgó un plazo de 60 días a la UFI Genérica para continuar con la investigación por presunta violación a la Ley 14.346 de Maltrato Animal, que establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos crueles contra animales.

Por su parte, la defensa de Gallo, encabezada por la abogada Vanesa De Dax, sostiene que su cliente es inocente y que los hechos ocurrieron en otro lugar, no en la verdulería. También remarcaron que la empleada señalada como testigo no declaró lo que algunos indican en redes sociales.

“He sufrido amenazas de muerte a mis hijos, escraches. Sufrimos daño psicológico, sin contar con que el municipio me clausuró el local y me prohibió tener un comercio en ese departamento. Me han hecho un daño muy grande”, agregó Gallo en declaraciones a este medio.

Sin embargo, la Fiscalía (representada por Jorge y Belén Sánchez) y la presidenta de la ONG Pitbull en Peligro, Emilia Merino (representada por el abogado Adolfo López Martí), creen que las evidencias hasta ahora recabadas permiten vincular a Gallo con la muerte del animal ocurrida el 31 de diciembre pasado alrededor de las 15:30.

Uno de los elementos clave es el relato de una joven que habría sostenido al animal herido, corriendo con él en brazos hasta dejarlo en una vereda al constatar su fallecimiento, tras lo cual se comunicó con el 911. A partir de ahí se abrieron las averiguaciones previas, y el 3 de enero se formalizó una denuncia en la UFI Genérica.

En las últimas semanas se analizó la posibilidad de una probation, que permitiría al imputado evitar el juicio realizando tareas comunitarias. Sin embargo, la defensa rechazó esa opción, decidida a probar su inocencia durante el proceso.

La causa continúa abierta y en investigación, con la recolección de nuevas pruebas y testimonios.