Formalizaron la causa contra el policía que atropelló a un hombre en Albardón
El hallazgo de un ciclista muerto en Albardón fue motivo de sospechas de que había sido atropellado. El autor fue encontrado y ahora formalizaron en su contra un caso que no presenta agravantes por el hecho de ser un ex funcionario policial.
El jueves pasado, en Albardón, se encontró sin vida a Horacio Antonio Alderete, un ciclista que había sido atropellado mientras circulaba por el Callejón Blanco en sentido este-oeste, entre Arenales y Tucumán.
Inicialmente, se desconocían las causas exactas de la muerte de Alderete, pero con el paso de las horas se confirmó que había sido impactado desde atrás por un vehículo que se dio a la fuga. Este lunes, el móvil de Canal 13 habló con el ayudante fiscal Dr. Ignacio Domínguez, quien relató la formalización de la causa con el acusado presente: "En la audiencia justamente el fiscal expuso los hechos y los elementos de convicción o la prueba con la que esta Fiscalía ha contado a lo largo de estos tres días, que es bastante. En eso tengo que agradecer a los funcionarios policiales que nos han ayudado bastante" explicó.
El pasado fin de semana, se logró identificar al autor del crimen, y el lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización para iniciar el proceso judicial. El detenido pertenece a la Policía de San Juan, y fue acusado de homicidio culposo cometido por la conducción negligente de un vehículo automotor, doblemente agravado por haberse dado a la fuga y por no socorrer a la víctima en el lugar.
El delito y la pena establecida en el código es de tres a seis años de prisión, además de una inhabilitación de cinco a diez años para conducir vehículos automotores. En esta primera instancia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado. "Esta persona va a continuar detenida, alojada donde se encuentra actualmente, hasta la espera de algunas medidas de prueba que vamos a ordenar en el transcurso de la fecha", detalló el ayudante fiscal.
La investigación se extenderá por un período inicial de seis meses, aunque este plazo puede ampliarse si se necesitan más elementos de prueba. La prisión preventiva ha sido ordenada por un plazo de 30 días, con posibilidad de extensión dependiendo del avance de la investigación.
Un dato relevante es que el acusado es un funcionario policial, aunque las fuentes judiciales determinaron que esto no constituía un agravante: "El código no lo establece particularmente y precisamente como una cuestión de agravante de pena, pero sí es una circunstancia determinante y que no escapa a este Ministerio Público Fiscal. Es un poco más reprochable que se haya ido del lugar y no haya asistido a la víctima", señaló Domínguez. Domíngez finalmente explicó que el acusado decidió abstenerse de declarar durante la audiencia, utilizando su derecho a no hacerlo.