La denominada megacausa expropiaciones se vio retrasada esta semana por el estado de salud del abogado Sergio Esteban Corsunsky, quien lleva cuatro jornadas declarando y el pasado lunes debió retirarse y hoy no pudo asistir por estudios médicos. La audiencia se retomará este viernes.

Corsunsky es un letrado que trabaja en Fiscalía del Estado, que hizo un informe en el año 2010, que se incorporó al sumario administrativo en el proceso judicial. Este informe concluyó con la cesantía de Norberto Baistrocchi, abogado del Estado hasta el momento de la denuncia en 2010 y también con una suspensión de Hector Carelli, que se encontraba en el área de expropiaciones dentro de fiscalía del Estado.

“Ese informe ha sido parte de los que es la acusación del fiscal como argumento, llevamos cuatro audiencias con el mismo testigo”, dijo la letrada Sandra Leveque que representa a Videla en un juicio suspendido y  a los miembros del tribunal de tasaciones Julio Cesar Fernández y arquitecto Cravero. Al respecto agregó, “por cuestiones de salud se tenía que retirar el día lunes a las 11 y hoy tenia estudios médicos por eso no tuvimos audiencia”, la idea es no interrumpir el testimonio y respetar el orden que venían por lo que el viernes retomarán con la declaración del testigo. 

La causa

En virtud de los altos costos que afrontó la provincia por diversas expropiaciones, el gobernador que aquel entonces, José Luis Gioja pidió al equipo legal una investigación que detalle el origen del asunto. Bajo la premisa de la existencia de una asociación ilícita entre abogados, jueces y funcionarios que sobre tasaban terrenos, entre ellos la zona del dique Cuesta del Viento en los años 90 y el Parque de Mayo. Esto le costó unos $42 millones a la provincia. 

Para definir el precio de un terreno actuaban 6 peritos de la Fiscalía del Estado el Tribunal de Tasaciones y de los dueños de los terrenos a expropiar votando un informe, por el que un juez definía sobre la viabilidad del proceso. Los nombres que surgieron de esta investigación realizada en 2010 son: Norberto Baistrocchi y Héctor Carelli, ambos abogados de Fiscalía del Estado. El primero fue cesanteado y el segundo suspendido a 15 días por sumario interno.

En 2010 el secretario General de la Gobernación, Walter Lima, presentó en 2010 una denuncia penal por el caso. A esto se le sumaron dos causas más, una a Santiago Graffigna por parte de un cliente que denuncio que recibió menos dinero que el que había pagado la provincia por el juicio. La otra fue iniciada por  Baistrocchi contra el Estado por daños y perjuicios. Luego de 12 años el pasado 19 de octubre del 2022.

Los imputados son los abogados Santiago Graffigna, Horacio Alday, el exjuez Carlos Macchi, la integrante de Fiscalía de Estado Ana María Melvin y ademas de los peritos Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, que actuaron con Graffigna. En una segunda etapa de investigación la Justicia imputó al exfiscal de Estado Mario Díaz; cinco experitos del Tribunal de Tasaciones: Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero, Eduardo Olivera y un exempleado de Recursos Energéticos, Néstor Adán Quiroga.