Los pesquisas de Delitos Especiales que investigaban la sustracción de un teléfono en la sede de la UFI ANIVI en diciembre del año pasado, no pudieron establecer que el joven que empezó a usarlo el 29 de agosto pasado (ese día se volvió a activar el aparato) fuera el autor de ese delito y al final solo le imputaron encubrimiento. 

Le pidieron a la jueza del caso, Verónica Chicón, que le concedieran probation, es decir la suspensión del juicio por un año, mientras cumple con algunas exigencias, como entregar $10.000 a la Asociación APADIM (Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental) y cumplir dos horas semanales de trabajo comunitario.

Esto, en el municipio de Chimbas durante 3 meses. El acuerdo fue entre el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Leonardo Arancibia, el imputado, Abel Román Galeote (25) y su defensor oficial, Hugo Trigo, con el ayudante de Defensa, Juan García. El aparato había sido secuestrado el 3 de noviembre del año pasado.

Estaba vinculado una investigación por abuso sexual infantil. Luego de que la Policía lo peritara, el aparato fue devuelto a la UFI ANIVI el 12 de diciembre. El 19 de ese mes, la dueña del teléfono fue a que se lo devolvieran y no estaba: lo habían sustraído, a pesar de las cámaras y la custodia policial que tiene el edificio.