Un empleado municipal de 62 años en Caucete fue condenado a 18 años de cárcel por el juez Juan Bautista Bueno de la Sala II de la Cámara Penal. El hombre fue hallado culpable de cometer graves ataques sexuales contra su hijastra, quien tenía entre 6 y 7 años en ese momento, así como de realizar tocamientos inapropiados a su hijo de entre 4 y 5 años. Además, se le acusó de agredir físicamente a ambos niños y a su madre. Según la investigación, en una ocasión arrojó aceite caliente y quemó a la niña. En otro episodio, ocurrido el 15 de marzo de 2020, golpeó a la madre y también a los niños debido a que accidentalmente rompieron un cristal de su auto Ford Falcon mientras jugaban a la pelota.

La fiscal Claudia Salica sostuvo que el acusado debería haber recibido una sentencia de 20 años, ya que se demostró que cometió abusos sexuales gravemente ultrajantes contra la niña, a quien no llegó a desflorar pero causó sangrado, además de corromperla sexualmente en múltiples ocasiones.

Aunque reconoció que la madre de los niños también fue víctima de la violencia del empleado municipal, Salica planteó la necesidad de investigar su posible complicidad, ya que presuntamente sabía que sus hijos estaban siendo agredidos sexualmente y no tomó medidas al respecto. Además, sugirió que se la investigue por golpear a sus propios hijos.

Por su parte, la defensa argumentó que durante el juicio solo se demostró que su cliente era un agresor físico y pedirá a la Corte de Justicia que revierta el fallo.

Los abogados defensores, Julián Gil y Mario Morán, afirmaron que las pruebas presentadas en el juicio solo demostraron que su cliente era responsable de las lesiones sufridas por los miembros de su familia desde 2014. Por lo tanto, solicitaron que solo sea condenado por el delito de lesiones y no por los presuntos abusos sexuales.

En sus argumentos, se basaron en el informe médico que indicaba la ausencia de lesiones genitales en la niña, lo cual, según ellos, desacredita la acusación de violación. También cuestionaron las evaluaciones psicológicas realizadas a los niños y afirmaron que la denuncia contra el empleado municipal fue presentada por su difunta exsuegra por motivos económicos. Según su versión de los hechos, desde que el acusado se llevó a vivir con él a esa "mujer discapacitada que encontró en situación de calle con sus hijos, y al menor le dio su apellido a pesar de no ser su hijo biológico", la abuela dejó de recibir la pensión que se le otorgaba a su hija debido a sus limitaciones.

El caso fue denunciado por la exsuegra el 18 de marzo de 2020 y el acusado fue arrestado en agosto del mismo año. La defensa ha anunciado su intención de apelar la dura sentencia ante la Corte de Justicia.