El reciente secuestro de los tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio en la frontera compartida con Colombia, y su posterior asesinato —confirmado por ambos Gobiernos—, conmocionó al mundo y las señales de alerta se encendieron sobre este límite binacional. A su vez, el 17 de abril el Ministerio del Interior ecuatoriano confirmó el secuestro de otros dos ciudadanos locales, en el mismo lugar. En efecto, antes de la tragedia ya se trataba de un territorio plagado de irregularidades, pequeñas redes de corrupción y desorden generalizado. Lo peor podía suceder. 

Las privaciones de libertad del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra tuvieron lugar en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador. Sin embargo, unos kilómetros hacia el sur, en la provincia de Carchi, la línea fronteriza que divide a aquellas naciones también sirve de ejemplo para graficar la crítica situación que se vive en materia de seguridad. El problema es compartido.

Corrupción

Para llegar a territorio colombiano por tierra, partiendo desde Quito, la capital ecuatoriana, hay que tomar un autobús de larga distancia con destino a la ciudad de Tulcán, la más próxima a la frontera. Tras unas seis horas de viaje, un taxi —cuyo valor no supera los tres dólares— traslada a los viajeros desde aquella urbe hacia el último tramo del suelo ecuatoriano: la Unidad de Control Migratorio.

Cruce fronterizo entre Ecuador y Colombia. / Leandro Lutzky / RT

El desorden en las oficinas estatales es total. El edificio está rodeado por una fila imponente de unas cinco cuadras de largo, compuesta por turistas, aventureros y cientos de venezolanos que intentan probar suerte en otros países. Hay caras de preocupación y desconcierto. Ninguna autoridad ordena a las miles de personas que esperan con ansias cruzar hacia Colombia, o llegar a Ecuador. 

"Pss. Yo te hago saltear la fila por 20 dólares, aquí perderás todo el día", ofrece un hombre, que se tapa la boca para hablar, como si fuese un futbolista asediado por las cámaras. Un ciudadano de Venezuela acepta la oferta, pero cierra el trato en 15 dólares. Para continuar con el entramado, hay que sumar otros dos dólares extras destinados a un local de comidas encargado de cuidar las valijas mientras se desarrolla el operativo. 

Lógicamente, este mecanismo para cruzar personas al país vecino de un modo más ágil no sería posible sin las fuerzas de seguridad involucradas. "Anda a la puerta, cuando veas al policía, dile que manda el de chaqueta", indica el organizador —quien no supera los 40 años—, haciendo referencia a él mismo. Sin embargo, el plan se frustra cuando en la entrada del edificio se para otro efectivo, quien lleva puesto un chaleco azul que dice "Migraciones", y no parece ser parte de este pequeño entramado. A pesar de ello, tampoco hace algo para evitarlo, y sería imposible desconocerlo.     

Cartel de bienvenida a Colombia, en la frontera con Ecuador. / Leandro Lutzky / RT

Es cuestión de esperar el momento justo. Minutos más tarde, el policía se queda solo en la entrada; es la situación ideal. Al seguir las indicaciones ya mencionadas, el uniformado lanza un gesto de complicidad con el rostro y se corre de la puerta. El acceso está libre, sin haber esperado unas seis u ocho horas en la fila convencional. Tras aguardar media hora dentro de las oficinas, donde insisten con que no se puede tomar fotografías, un empleado estatal coloca el sello en el pasaporte tras hacer preguntas de rutina y el camino hacia Colombia queda liberado. 

Al concluir la misión con éxito, se recoge el equipaje y el coordinador de los movimientos aclara: "Yo solo me quedo con unos dos dólares, el resto es para la Policía". Resta por calcular la cantidad de viajantes que acuden a este servicio por día para establecer cuánto dinero mueve esta red ilegal. 

Desorden

El cruce para llegar al otro país se puede hacer a pie: hay que atravesar el Puente Internacional Rumichaca y a unos 200 metros se encuentra el Puesto de Control Migratorio colombiano. La fila tiene casi la misma longitud que la anterior y presenta similares características: hay turistas latinos y europeos, pero más de la mitad está compuesta por familias venezolanas. 

Vendedores callejeros se acercan para ofrecer café y muchos alimentos fritos, principalmente arepas y empanadas. La oferta para evitar la fila se repite también en Colombia, por el mismo precio: 20 dólares. De este lado de la frontera tampoco hay uniformados organizando la situación fuera del edificio gubernamental. Así las cosas, culmina el atardecer y la noche se hace presente, en un sitio donde todo es posible. 

Salvo raras excepciones, casi nadie respeta sus lugares originales en la fila. Muchos notan que ni hace falta pagar para colarse; cualquier distracción es suficiente. Al cabo de unas cinco horas, ya dentro del establecimiento, puede apreciarse dónde radica el problema principal. Hay tan solo tres ventanillas para que los empleados estatales atiendan, como puedan, a miles de personas con situaciones opuestas: desde la excitación de turistas que sueñan con emocionantes experiencias para cortar la rutina, hasta la angustia e incertidumbre de personas que dejan su tierra atrás para empezar una nueva vida.

Cientos de individuos esperan a ser atendidos en la frontera con Ecuador, del lado colombiano. / Leandro Lutzky / RT

Así las cosas, los principales medios de comunicación en Colombia y Ecuador le atribuyen las falencias burocráticas de sus propios países al conflicto en Venezuela, destacando que los ciudadanos provenientes de aquella nación colapsan sus fronteras.   

Descontrol 

Si se analiza en términos políticos y sociales, Colombia es uno de los territorios más calientes de la región. Si a la desigualdad económica de su población —según el Informe de Desarrollo Humano 2016 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ocupa el puesto 95 de 188 naciones, mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dice que la pobreza monetaria en 2017 fue del 26,9%— se le suma el conflicto del narcotráfico y los enfrentamientos entre el Estado y la guerrilla, cualquiera podría suponer que los controles fronterizos deberían ser estrictos.

Lejos de ello, las autoridades no revisan a los transeúntes que pasan de un país al otro. Tampoco hay detectores de metales. Sin exagerar, cualquier individuo podría entrar al país vecino con armas u estupefacientes sin ningún impedimento, en una zona donde todo vale. 

Los que cruzan el límite

Según estadísticas del Ministerio del Interior ecuatoriano, por este punto específico ingresaron al país desde Colombia, solo en el mes de marzo, 86.452 personas de diversas nacionalidades —67.159 son venezolanas, superando ampliamente a colombianos y ecuatorianos, juntos—, mientras que salieron de Ecuador 15.929 individuos. 

La cifra de ingresantes creció exponencialmente en tan solo un año si se tiene en cuenta que durante el mismo mes, pero en 2017, arribaron 26.047 ciudadanos y se marcharon 15.945 por aquel cruce fronterizo. El aumento fue sostenido durante todos los meses posteriores. 

Miles de vehículos cruzan a diario el Puente Internacional Rumichaca. / Leandro Lutzky / RT

Por el lado de Colombia su Ministerio de Relaciones Exteriores —que cuenta con estadísticas hasta el 2017— informa que el Puente Internacional Rumichaca fue el cruce fronterizo más transitado del país en varios meses de ese año.

Sin embargo, entre un país y otro hay diferencias estadísticas sobre las personas que entran y salen de sus respectivos territorios. Por ejemplo, las autoridades de Colombia dicen que en diciembre salieron por este puente —cuyo único destino es Ecuador— 68.565 personas, pero desde las oficinas del país vecino sostienen que recibieron a 62.622: hay 5.943 seres humanos de diferencia. Del mismo modo, los cálculos ecuatorianos dicen que a través de este cruce salieron 26.199 ciudadanos hacia Colombia, pero al otro lado del borde limítrofe afirman que en ese mes ingresaron 31.925 viajantes desde Ecuador: la diferencia es de 5.726. 

La falla administrativa no es menor, si se considera que en las últimas semanas cinco personas fueron secuestradas a pocos kilómetros, en la misma frontera. Mientras tanto, la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, dijo públicamente que "se ha pedido que se convoque a un Consejo Permanente de la OEA [Organización de Estados Americanos], este viernes en Washington, para informar a todos los países del hemisferio sobre la situación de la frontera". ¿Lo harán?

Fuente: Actualidad RT