Luego de la sanción del Senado de la Nación a la Ley de Financiamiento Universitario con 56 votos afirmativos contra 11 en contra, se espera que el presidente Javier Milei imponga un veto a pesar del amplio consenso en el Congreso de la Nación. Si bien ya confirmó en sus redes que habrá un "veto total", el mismo debe seguir algunos pasos constitucionales a partir de ahora para quedar firme. 

Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), expresó sus preocupaciones sobre la ley y el posible veto en el programa Banda Ancha. Coca destacó que, a pesar de la legislación aprobada, la situación económica y las proyecciones presupuestarias para 2025 siguen siendo inciertas. "Debemos ajustar el presupuesto en función de supuestos generales, como una inflación del 18% y un dólar a $1.200, que parecen poco realistas dada la inercia inflacionaria actual. Si estos supuestos no se cumplen, la propuesta del presidente de reducir el gasto se volvería una opción", explicó.

"Indudablemente deberemos seguir en una línea de tratar de cubrir los necesarios con pocas posibilidades de crecimiento, pero  son los análisis previos ya que tenemos que ver bien cómo llegan a ese número", expresó en el programa Banda Ancha.

Coca también señaló que las demandas salariales en el sector universitario están en aumento debido a la discrepancia entre los aumentos salariales y la inflación. La última paritaria nacional otorgó un incremento del 2%, muy por debajo del 4,2% de inflación registrado en agosto. Además, la devaluación desde diciembre generó una pérdida salarial acumulada del 57% para los docentes y no docentes universitarios. "Sumado al atraso de la devaluación desde diciembre, con un 57% menos que perdieron los salarios docentes y no docentes universitarios", lamentó.

Coca analizó que el conflicto podría intensificarse y anunció la posibilidad de nuevas movilizaciones en defensa de la universidad pública. "Hay demandas muy fuertes por el tema salarial que ha ido muy por debajo de la inflación, esto es un problema que irá generando alguna reacción de parte del sector universitario. Las universidades no pueden funcionar con el mismo presupuesto del año pasado. Es esencial que estas situaciones se visibilicen y que exista un diálogo franco para evitar mayores tensiones", concluyó.

"Indudablemente hay sectores que plantean la necesidad de una marcha en defensa de la universidad pública", advirtió luego.

La Ley de Financiamiento Universitario también establece la recomposición salarial de acuerdo con la inflación acumulada hasta la fecha de sanción de la ley, desde el 1 de diciembre de 2023. Sin embargo, con el veto presidencial en el horizonte, la implementación de estos cambios sigue siendo incierta, lo que deja a la comunidad universitaria en una situación de alta expectativa y preocupación.

"Es necesario entonces a veces, cuando no se dan en las instancias de diálogo, tener algún tipo de manifestación que aceleren las decisiones", finalizó.