Hace alrededor de ocho meses el Ministerio de Educación tomó una decisión inédita en la historia reciente de San Juan: suspendió el dictado de clases durante dos días para dedicarlos a escuchar a los alumnos y alumnas después de una ola de suicidios adolescentes. La medida extraordinaria surgió luego de que una chica de tan solo 16 años de edad se arrojó al vacío desde el quinto piso del Centro Cívico. Así, a la vista de todo el mundo, quebró el pacto de silencio en una sociedad transversalmente acostumbrada a callar los temas incómodos. A convertirlos en tabú.

Ocho meses después de aquel estupor, el silencio volvió a apoderarse de una institución educativa. Pero esta vez los adolescentes se hicieron escuchar, aún pagando el costo de incomodar a la autoridad. Fue un momento aleccionador. No se puede seguir adelante como si nada hubiera sucedido. No después de una violación denunciada en el mismo edificio escolar.

El cordón policial en la puerta del Colegio Nuestra Señora de Luján fue el último intento de resguardar el silencio. En el patio interior, los alumnos y las alumnas decidieron quitarse la mordaza cuando se autoconvocaron en una sentada de protesta. Afuera, decenas de madres y padres aguardaron ser recibidos durante horas y finalmente entraron por la fuerza, a los empujones. No hallaron otra manera ante la fría respuesta institucional.

Muchos, tal vez la mayoría, recién supieron lo que estaba sucediendo el viernes 19 de mayo, cuando un equipo del gabinete del colegio se presentó en el aula de la víctima para recabar datos sobre ella. Ya no estaba asistiendo a clases. Así se enteraron las madres y los padres de lo que había pasado. El fin de semana se organizaron. Este lunes dijeron basta. Fue un clamor colectivo. Terminaron arrinconando a las autoridades, con cámaras de televisión en vivo, para que dieran las explicaciones que hasta ahora no habían ofrecido.

Fue así que el sacerdote Sergio Ramos, el representante legal de la institución, desnudó su parecer. 'Yo no puedo afirmar que ha habido una violación', dijo el cura, más preocupado por resguardar la imagen pública de su colegio que por empatizar con la víctima o su familia. 

Habló durante largos minutos ante la insistencia de los periodistas y el reclamo de las madres y los padres. Debía ser así, ante la mirada de toda la sociedad, no a puertas cerradas ni entre cuatro paredes. Su pretensión de ecuanimidad y equilibrio entre la víctima y los presuntos victimarios fue ofensiva. La niña dejó de asistir a clases. Si el representante legal se permite dudar de ella, ¿qué se puede esperar del resto de la institución?

La gravedad de este hecho hizo supurar al colegio Luján. Salió a la luz una cantidad de denuncias delante de cámara y vía mensajes de Whatsapp por la inacción de la autoridad. Desde otra causa por abuso sexual judicializada en 2016 hasta episodios de acoso escolar, más conocido como bullying. El resultado final fue siempre el mismo: la víctima terminó yéndose en resguardo de su integridad.

Algo similar le sucedió a la familia de Florencia Merino en el colegio Dante Alighieri en agosto de 2013. Tenía solo 13 años cuando una compañera le arrojó un transportador, quitándole la visión de su ojo derecho. La agresora pudo quedarse en la institución. La víctima tuvo que irse porque el destrato se hizo cada vez peor.

Sin embargo, entre la traumática experiencia de Florencia y el abuso denunciado ahora en el colegio Luján han pasado 10 años. El tiempo transcurrido claramente hizo la diferencia. O debería hacerla. Por lo pronto, las y los adolescentes entendieron que nadie puede obligarlos a guardar silencio. Que más allá de la causa judicial la institución educativa tiene el deber de actuar, en paralelo y con celeridad, en resguardo de la víctima.

La Justicia llegará, tarde o temprano. Sin embargo, ninguna sentencia podrá reparar las secuelas emocionales cuando el entorno educativo que debió abrazar a la niña la termina señalando y apartando como si fuera responsable por no haberse quedado callada, por haber roto el silencio cómodo.

La Justicia será capítulo aparte. El lunes 15 de mayo los fiscales le pidieron a la oficina judicial que depende de la Corte, que fije audiencia para que el juez autorice la entrevista video-grabada de la niña. Esa audiencia quedó para el lunes 29. Recién entonces el juez daría la habitación. Habrán pasado más de 20 días entre la denuncia y el testimonio de la víctima. La celeridad del sistema acusatorio se topó con la burocracia. Otra vez.

Afortunadamente fiscalía insistió y se terminó reduciendo el plazo. La audiencia será este mismo martes por la tarde.

Si el sacerdote Ramos espera que haya un fallo judicial para recién actuar en el colegio, ¿pretende que la víctima siga asistiendo a clases como si nada hubiera sucedido? ¿Que disimule? ¿O que directamente se quede en casa para evitar remover la herida sangrante de toda la comunidad educativa?

Las respuestas están cantadas. Cuando supura el silencio, solo hay que escuchar a las alumnas, a los alumnos, a sus familias. Sin policías. Tal vez no sea demasiado tarde.


JAQUE MATE