El 15 de noviembre de 2018, después de un decreto escandaloso que forzaba a los usuarios de gas natural a pagarles un retroactivo a las empresas, para compensarles las pérdidas por la devaluación del peso, el presidente Mauricio Macri acusó recibo de las críticas y terminó haciendo cargo al Estado de salvar a las energéticas.

Fue a través del decreto 1053/18, que su artículo 7° estableció que el Estado Nacional pagará toda la diferencia acumulada entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, por las variaciones de tipo de cambio. Es decir, un año completo en retroactivo, para que las cuentas les cierren sin drama a las grandes empresas distribuidoras de gas.

Enargas cuantificó el  monto total en 24.500 millones de pesos, de los cuales a Distribuidora de Gas Cuyana, nuestro Ecogas, percibirá 1.983 millones. Todo ese dinero deberá ser destinado a su proveedor de gas, porque la intención es que las distribuidoras ni pierdan ni ganen. Que salgan equilibradas después del vendaval cambiario que tuvieron que soportar los argentinos.

Vale reiterar que este rescate multimillonario y retroactivo para las empresas gasíferas nació primero como un carga para los usuarios, a pagar en 24 cuotas en sus boletas, además de los constantes aumentos tarifarios. Pero luego el macrismo tuvo que dar marcha atrás con la medida, sacar a los consumidores del medio y afectar recursos públicos. Para las prestadoras, la ecuación cerró siempre, sin importar quién pague: la gente o el Gobierno.

Si bien el decreto establece que este pago compensatorio retroactivo será por única vez y de carácter excepcional, el gobierno de Cambiemos llegará al 10 de diciembre habiendo cumplido cuatro años de un trato extremadamente afectuoso con las energéticas. El llamado sinceramiento que se tradujo directamente en tarifazos estuvo fundado básicamente en la dolarización lisa y llana de los consumos, con parámetros que para la oposición nunca resultaron claros. La clave parece estar en un concepto técnico, denominado valor del gas en boca de pozo.

El gobierno entrante, de Alberto Fernández, prometió desdolarizar las tarifas y revisar las ecuaciones de las empresas para valorar cómo seguir hacia adelante. Esto, con la admisión tácita de que no podría volver el congelamiento tarifario porque se termina convirtiendo en una bomba de tiempo. Desfinanciar a las prestadoras implica colapsar el sistema. 

Sin embargo, el negocio después de los cuatro años de Cambiemos se tornó rentable en extremo. Según el sitio digital "El Economista", el 8 de agosto pasado la compañía Distribuidora de Gas Cuyana informó que registró una ganancia superior a los 382 millones de pesos en el primer semestre de este año.

Ese resultado superavitario contrasta con las prácticamente nulas inversiones en infraestructura en San Juan, donde las obras más importantes de extensión de red de gas natural han estado y siguen estando a cargo de la provincia. Sin ir más lejos, el gobernador Sergio Uñac recorrió esta semana los trabajos del gasoducto para San Martín.

Claramente se puede visualizar un cambio de ciclo en Argentina que implica también un barajar y dar de nuevo acerca de la relación con las energéticas, incluídas las distribuidoras de gas. Los antecedentes son conflictivos. Legisladores nacionales de la oposición incluso llegaron a la Justicia Federal para frenar desvíos en los consumos facturados, en representación de los usuarios. Se respira malhumor cada vez que se pone sobre la mesa el tema de las empresas del rubro, en cualquier mesa política.

Igualmente, frente a la incertidumbre sobre el futuro cercano, sus balances tendrán felices fiestas. No podrán decir lo mismo las productoras de alimentos, o las textiles, o las automotrices. Mucho menos los trabajadores que, sin alternativa, contribuyeron al rendimiento de esos números generosos.


JAQUE MATE