Nuevamente la ministra de Educación, Silvia Fuentes, hizo una demostración de cintura política y evitó la confrontación con los sindicatos docentes. Fue destacable, tratándose de un problema importado como la Ley Finnochiaro. Si el paro escolar no ha sido tema en la gestión de Marcelo Orrego hasta ahora, parece buena idea dejar el asunto en manos del Congreso Nacional. Y que allá se quede.

La semana pasada la Cámara de Diputados le dio media sanción a la norma que declara a la Educación como un servicio esencial y por lo tanto obliga a los docentes a garantizar al menos un 30 por ciento de asistencia del personal durante los días de huelga.

La norma lleva informalmente el nombre de su autor, Alejandro Finnochiaro, actual diputado y ex ministro de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri. La pertenencia política a Juntos por el Cambio puso a la sanjuanina Nancy Picón a votar a favor de la iniciativa.

Si la diputada insignia de Producción y Trabajo acompañó la medida, podría interpretarse esta como la posición oficial del gobierno provincial. Por eso fue valiosa la aclaración de la ministra Fuentes, que viene manejando con fina muñeca el diálogo paritario con UDA, UDAP y AMET.

Si luego de un par de meses lograron la aceptación de la oferta salarial y despejaron cualquier nubarrón en el horizonte, ¿qué motivo tendrían para importar a San Juan un problema foráneo, de manufactura porteña/bonaerense?

Eso es la Ley Finnochiaro: una respuesta política contra el SUTEBA de Roberto Baradel que supo jaquear la gobernación de María Eugenia Vidal con su plan de lucha. ¿Qué tiene que ver el resto del país con aquella disputa perdida en el tiempo? 

En principio hay una coincidencia político ideológica entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, en torno de 'dar la batalla cultural'. El presidente Javier Milei levantó esta bandera desde la campaña. Declarar la Educación como servicio esencial es una consigna acorde.

En Banda Ancha, Picón separó los tantos. Reconoció que San Juan no tiene esta realidad de paros docentes como sí sucedió en otros distritos. Pero advirtió que ella debe legislar para todo el país. Sostuvo que la Ley Finnochiaro no atenta contra el derecho a huelga, que tiene rango constitucional. 

No es lo que dicen los gremios. Reclaman que la Educación sea entendida como un derecho, no como un servicio. Si así fuere, el Estado debería atender con el financiamiento suficiente para garantizar no solo salarios sino condiciones dignas en materia edilicia, algo que no siempre pasa.

Más allá de los pataleos, la Ley Finnochiaro ahora está en manos del Senado para su sanción definitiva.

Fuentes, que tiene diálogo frecuente con los sindicalistas docentes, se sacó de encima la controversia. Lo hizo de manera directa, sin rodeos. 'Es una ley que se ha dado en otro contexto, nosotros en San Juan no tenemos esa problemática', contestó en rueda de prensa.

La ministra dijo también que 'ningún derecho está sobre otro derecho'. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser educados, como los trabajadores de la educación tienen derecho a reclamar por lo que les corresponde. La postura oficial no se parece mucho al planteo porteño.

Pero Fuentes fue más allá. Dijo que su función es 'asegurar que los chicos estén en las escuelas y ayudar a los gremios para que los docentes tengan lo que tienen que tener'. Como se ha dicho y escrito en esta columna en reiteradas oportunidades, la confrontación con los sindicatos no está en la agenda de Orrego.

'Soy una docente más que quiere que el salario docente se recupere', sostuvo la ministra. Ya es una muletilla en su discurso.

¿Entonces todo esto quiere decir que Picón se manejó en soledad y por fuera del lineamiento político del gobierno provincial? Para nada. La diputada nacional hizo lo que debía hacer. Su conducta rígida de votar siempre en consonancia con el interbloque Juntos por el Cambio ha sido muy útil para Orrego.

El gobernador sanjuanino integra la liga que nuclea a 10 mandatarios amarillos. En conjunto, han logrado convertirse en un interlocutor imprescindible para el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Funcionaron como garantes de la Ley Bases. La compensación empezó a llegar a cuentagotas a través de algunos fondos para obra pública.

Picón es parte de ese delicado engranaje parlamentario, puesto al servicio del diálogo con la Casa Rosada. Aún cuando exista el riesgo de traer un problema importado. Nada que una buena gambeta política no pueda esquivar.


JAQUE MATE