En un proceso que duró 5 años, se inició en el año 2018 y concluyó el 31 de diciembre de 2023, se estableció la renuncia a la asignación mensual que recibían los obispos y arzobispos, por parte del Estado nacional.

“La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950?, detallaron en la página oficial.

Acorde al artículo 2 de la constitución nacional, el gobierno federal debe sostener al culto católico. En esta línea la ley 21.950 de 1979 estableció que tanto obispos como arzobispos debían recibir una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración mensual de un juez nacional de primera instancia.

La renuncia a la asignación fue aprobada en un plenario de obispos de 2018 por mayoría: “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra”. En ese entonces la conferencia episcopal se expresaron al respecto: “aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común”.

De este modo, la Iglesia católica ya no recibirá el aporte económico del Estado.